El político ecuatoriano Fernando Balda presentó ayer una nueva denuncia contra el expresidente Rafael Correa, a quien acusa de un posible delito de peculado (malversación de fondos públicos) en relación a su secuestro en 2012 en Colombia.

Balda elevó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado y argumentó en el documento que tanto Correa como el exsecretario del servicio de Inteligencia, Pablo Romero, incurrieron presuntamente en un delito de malversación de caudales de acuerdo al artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal.

El artículo describe el delito de peculado como aquella acción ejecutada por funcionarios públicos "en virtud de una potestad estatal" en la que "abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles" en beneficio propio o de terceros.

El delito lo habrían cometido supuestamente en la ejecución del secuestro del que fue objeto Balda en Colombia en 2012, caso por el que ambos denunciados han sido llamados a juicio en Ecuador y por el que están prófugos de la justicia: Correa en Bélgica y Romero en España.

Balda sufrió un breve secuestro, frustrado por la Policía colombiana, el 13 de agosto de 2012, y él asegura que fue ordenado desde la Presidencia ecuatoriana.

Juzgado el caso en Colombia, en 2013 el político conservador denunció los hechos ante la justicia ecuatoriana, pero no fue hasta este año que se abrió causa. El exmandatario negó tajantemente cualquier participación en los hechos y en una reciente entrevista con Efe argumentó que el que fuera presidente no implica que conociera del caso o fuera responsable de todo. Aseguró que no se presentará a juicio porque no cree en la independencia de la justicia de su país donde, en su opinión, hay una "persecución política".

Si no lo hace, Correa deberá esperar hasta 2022, o incluso 2027, dependiendo del Código Legal que se aplique, para que prescriba la causa de secuestro.