La decisión de un fiscal de imputar al presidente argentino, Mauricio Macri, y parte de su Gobierno por "abuso de autoridad", al haber firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin consultar al Congreso, elevó ayer el desconcierto social con la situación económica y el futuro del país.
Según dijo a EFE el propio procurador, Jorge di Lello, su decisión de impulsar la investigación se debe a la sospecha de que la negociación del Ejecutivo con el FMI -para obtener el crédito de 50.000 millones de dólares concedido en junio pasado- se hizo "de manera irregular" por no tener autorización del Poder Legislativo.
En concreto, el fiscal se basa en la denuncia presentada por el economista y exdiputado de izquierda Claudio Lozano y el abogado Jonatan Baldiviezo, quienes en horas de la madrugada de ayer fueron los encargados de difundir a la prensa la resolución del Ministerio Público, que tiene como firma el 28 de agosto.
"Nuestra constitución establece que es el Congreso el que tiene la facultad únicamente para tomar deuda pública y para hacer convenios con organismos internacionales", contó a EFE Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Según agregó, el Gobierno basó su justificación de tomar unilateralmente la decisión de ir al FMI en que existía una ley de administración financiera de la década de 1990 que autorizaba al Ejecutivo a "realizar acuerdos con organismos internacionales de los cuales Argentina formaba parte para tomar deuda pública".
