El Gobierno chavista y la oposición se acercan a la nueva ronda de conversaciones que debe arrancar el miércoles 22 en República Dominicana entre críticas de la sociedad civil a la supuesta falta de transparencia del proceso y dudas de los adversarios de Nicolás Maduro ante las intenciones oficialistas.

Dos días después de que se anunció el diálogo, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) declaró el proceso "en suspenso" al no haber aprobado el Gobierno hasta ahora la presencia en las conversaciones de varios cancilleres latinoamericanos que la oposición exige como supervisores. Los ministros de Exteriores que según la MUD deben ser "garantes del cumplimiento de los acuerdos" que podrían alcanzarse son los de México Chile, Paraguay, Bolivia y Nicaragua, según un comunicado de una coalición opositora en la que no faltan las voces críticas con esta negociación.

La formación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que permita la celebración de unas elecciones presidenciales justas y con garantías al término del mandato de Maduro en 2018 es el objetivo prioritario de la MUD en las conversaciones.

Que el Gobierno acepte la apertura de un canal humanitario para aliviar la crisis que vive el país es otra de las demandas de la oposición, que pedirá también la libertad de los más de 350 presos políticos que según la organización pro derechos humanos Foro Penal hay en el país.

Pero no es en ninguno de estos puntos donde con más facilidad podrían coincidir las partes, sino en una restitución de los poderes del Parlamento (AN, Asamblea Nacional) -en manos de la oposición y despojado de sus competencias por varios órganos del Estado- que habría de compensar avalando la refinanciación de la deuda externa que necesita acometer Maduro.