La juez de la Audiencia Nacional de España Carmen Lamela ordenó ayer la detención del expresidente del Gobierno regional catalán Carles Puigdemont y de los cuatro exconsejeros que viajaron con él a Bélgica y que no acudieron el jueves 2 a su citación como investigados por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

Siguiendo la petición de la Fiscalía, la magistrada emitió sendas órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) contra Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) y las dirigió expresamente a las autoridades judiciales de Bélgica.

La juez cursó euroórdenes por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, y también dictó busca y captura nacional e internacional para cada uno de ellos. Además, rechazó la petición formulada por Puigdemont y los exconsejeros de prestar declaración por videoconferencia porque, según explica en sus resoluciones, no concurren ninguno de los casos para autorizar esta medida.

La orden de detención llega 24 horas después del ingreso en prisión del exvicepresidente regional Oriol Junqueras y de otros siete exconsejeros, acusados de los mismos delitos, una decisión que golpeó fuertemente en los sectores independentistas que denunciaron la politización de la justicia. El Ejecutivo de Mariano Rajoy, por medio del ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, subrayó por su parte que en España existe la división de poderes, y situó la resolución judicial dentro de un ámbito "independiente y autónomo".

Méndez de Vigo declaró en rueda de prensa al término de la reunión del Consejo de Ministros, en el que se establecieron las bases de las elecciones autonómicas catalanas del 21 de diembre que, según afirmó, "se ajustarán a la legalidad".