El Senado brasileño concluyó ayer la fase de testigos del juicio de destitución contra la presidenta Dilma Rousseff, a quien espera el lunes para que presente sus alegatos, antes de la votación definitiva prevista para el martes o miércoles.
En la última audiencia previa a la comparecencia de Rousseff, el Senado escuchó el testimonio del exministro de Hacienda Nelson Barbosa, el último testigo presentado por la defensa.
También declaró el abogado Ricardo Lodi, que finalmente no fue aceptado como testigo, pues hace unos meses firmó un manifiesto que calificaba el proceso contra Rousseff de "golpe".
Uno desde un punto de vista más económico y de gestión, el otro desde una óptica del derecho, ambos coincidieron en que Rousseff es inocente y en que no existe base jurídica que justifique los cargos formulados por la acusación.
Sin embargo, esos argumentos, ya esgrimidos a lo largo de todo el proceso, que se arrastra desde diciembre pasado, no convencieron a la mayoría de los senadores, constituidos en jueces para el proceso.
Rousseff responde por emitir tres decretos que modificaron los presupuestos sin la venia del Congreso y por contratar créditos con la banca pública en favor del Gobierno, que según la parte acusadora suponen "delitos de responsabilidad", que engloban las causas que la Constitución contempla para la posible destitución de un gobernante.
Según Barbosa, los decretos se enmarcaron en la legalidad, pues si bien no fueron autorizados por el Parlamento, alteraron partidas pero no valores y de ese modo no representaron un aumento del gasto, como sostiene la acusación.
Sobre los otros cargos, afirmó que "no tienen sustentación legal" ya que, en su opinión, no hubo créditos, sino "atrasos" en depósitos que el Gobierno debía hacer en la banca pública, usada como agente de pago, para costear planes sociales y de apoyo a la agricultura.
"La morosidad jamás es un crédito. No hay ninguna ley que diga eso", argumentó el exministro.
Las demoras en los depósitos fueron entre 2014 y 2015, alcanzaron picos de unos 50.000 millones de reales (hoy unos 15.600 millones de dólares), generaron elevados intereses e incluso fueron omitidos de los balances del Gobierno, que no los contabilizó como deudas.
La acusación sostiene que el hecho de haber ocasionado intereses convirtió a los atrasos en créditos del Gobierno con bancos públicos que controla, lo cual está vedado por la ley, y que la ausencia de esas operaciones en los balances supone un delito de "omisión".
En los últimos tres días, el Senado escuchó a dos testigos presentados por la acusación y a otros cinco de la defensa.