La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, insistió ayer en que el país está bajo la amenaza de un "golpe" que sembrará desestabilización, mientras que el Senado abrió el trámite para definir si responderá a un juicio que le puede costar el cargo.

El trámite comenzó ayer con la lectura de un informe remitido por la Cámara baja, lo que abrió un período de 48 horas para que los partidos representados en el Senado designen a los 21 miembros de una comisión especial que analizará las denuncias.

Esa comisión, que puede ser instalada el próximo 26 de abril, debatirá el asunto durante diez sesiones y también elaborará un informe que será discutido por el pleno del Senado.

"Si los partidos designan a los miembros de la comisión antes de que pasen esas 48 horas, la instalación podría adelantarse", dijo el presidente del Senado, Renán Calheiros, pero aclaró que algunas formaciones han manifestado que usarán ese plazo. Si el pleno de la Cámara alta respalda la apertura del juicio político, Rousseff será separada del cargo mientras dure el proceso y será reemplazada por el vicepresidente Temer durante los 180 días que puede durar el trámite. En caso de que la destitución fuera confirmada por el Senado, vicepresidente Michel Temer, que ha roto toda relación con Rousseff, completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019.

Temer se ha recluido en su domicilio particular de San Pablo, en el que ha recibido a numerosos políticos y economistas, lo que ha sido interpretado como un primer paso de cara a conformar su eventual equipo de Gobierno. En la puerta de su casa, el vicepresidente dio ayer unas breves declaraciones a periodistas y aseguró que esperará "de forma muy silenciosa y respetuosa" la decisión del Parlamento.

"El Senado da la última palabra sobre la materia y, por tanto, sería inadecuado que dijese cualquier cosa antes", declaró.