El anuncio de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la nacionalización de vehículos indocumentados, conocidos como “chutos”, encendió las alarmas en el Gobierno y el Congreso de Chile.
El diputado chileno Sebastián Videla anunció que, ante la preocupación por el impacto de esta medida, realizará gestiones diplomáticas de alto nivel y no descarta acudir a organismos internacionales para denunciar la situación si no se logra un diálogo efectivo con las autoridades bolivianas.
Alerta por incremento de robos en frontera
Según Videla, la sola posibilidad de que se apruebe una regularización masiva genero un “efecto inmediato” y “descontroló la frontera", provocando un aumento en el robo de vehículos en el norte de Chile, especialmente en regiones como Antofagasta. Se estima que el 10% de los motorizados robados en territorio chileno terminan en Bolivia, donde las bandas delincuenciales utilizan pasos no habilitados para trasladarlos.
Recientes operativos de Carabineros dejaron al descubierto la sofisticación de estas redes, que llegan a acondicionar cavernas bajo el desierto para esconder los vehículos robados a la espera del momento oportuno para cruzar la frontera.
El legislador chileno informó que solicitó una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile para que la Cancillería plantee formalmente su molestia a Bolivia. Asimismo, Videla busca concretar un encuentro con el presidente Rodrigo Paz, para exponerle directamente los riesgos de seguridad que implica la norma.
“Si Bolivia no quiere escucharnos, nos escuchará vía internacional”, precisó el parlamentario, subrayando que la iniciativa boliviana —que pretende regularizar más de un millón de vehículos— podría ser vista como un incentivo al crimen organizado y al robo de vehículos en los países vecinos.
Pese a las críticas desde Chile, la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) de Bolivia intentó calmar las aguas, asegurando que, de aprobarse la ley, ningún vehículo con reporte de robo nacional o internacional podrá ser nacionalizado.
Para ello, todos los motorizados deberán someterse a una verificación técnica obligatoria realizada por especialistas, descartando aquellos que presenten alteraciones en el número de chasis. Sin embargo, desde Chile consideran “inverosímil” que se plantee una ley que, a su juicio, podría terminar “legalizando los robos”.
Actualmente, el Gobierno chileno mantiene un rechazo al proyecto y reforzó la vigilancia en los más de 260 pasos no habilitados en la región de Antofagasta, incluyendo planes para la construcción de zanjas que dificulten el tránsito ilegal de vehículos.
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