El Gobierno Autónomo Departamental en su condición de denunciante por el desastre ambiental ocurrido en la región de Andavilque, por el deslizamiento de lodo de la laguna “El Kenko”, solicitó al Ministerio Público la realización de un informe y valoración del Servicio Departamental de Salud (Sedes) respecto al impacto en la salud de los pobladores.
El secretario jurídico de la Gobernación, Guido Soux, informó que ese trabajo científico fue solicitado para que sea introducido en el marco del proceso de investigación cumpliendo todas las normas como la custodia, exactitud y otros.
De la misma forma, se habría pedido que el Ministerio Público recabe información sobre la composición de los lodos, el impacto que causaron en la zona y otros.
Esos elementos permitirán determinar el grado de afectación que tuvo la comunidad de Andavilque que el 16 de marzo fue sepultada por millones de toneladas de lodos considerados como pasivos ambientales y que contenían elementos químicos que serían nocivos para el agua, la tierra y la salud de las personas.
DENUNCIAS
Por el caso de la mazamorra de pasivos ambientales de la laguna “El Kenko”, tres demandas fueron planteadas en las cuales se identifica la supuesta comisión de delitos ambientales, atentado a la salud pública y homicidio culposo, aunque en dos casos las demandas son contra autor o autores, en una se identifica a las autoridades de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
El deslizamiento de más de 1.7 millones de toneladas de material de pasivos ambientales acumulados en la zona de Catavi del municipio de Llallagua generó un deterioro del agua y la tierra en un área de más de 50 kilómetros y está dando lugar a tres procesos de investigación que fueron planteados para su investigación.
Un proceso fue planteado por la diputada potosina Lissa Claros en la que se identifica la supuesta comisión de delitos contra la salud pública establecidos en el artículo 216 numeral 9 del Código Penal.
