La toma ilegal de tierras prolifera. Cientos de personas son víctimas de organizaciones criminales que, ayudadas por consorcios de jueces, fiscales, policías, exfuncionarios de Derechos Reales, INRA, alcaldías, entre otras, se apropian de propiedades privadas y públicas en las regiones de El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Potosí.
Cerca de 22 denuncias por mes que recibe el Gobierno por avasallamiento de tierras, según un informe de 2022 emitido por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, según publicación de La Razón.
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que identificaron a “organizaciones criminales” que se dedican a este ilícito y las ciudades más afectadas son El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Potosí.
“Estas tomas se dan en contra de la propiedad privada, pero también contra la propiedad pública. No hay respeto al derecho propietario y se está cometiendo el delito de avasallamiento ayudado por notarios, abogados, jueces, fiscales, policías y exfuncionarios públicos. Hay organizaciones criminales en este delito”, dijo Silva.
