Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llega este lunes al país y eso representa una luz para los detenidos y perseguidos políticos, cuyos clamores de inocencia son ignoradas por la justicia. El ex presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, lo sabe y se siente impotente porque, hasta ahora, no se ha confirmado que Potosí forme parte de la agenda de los comisionados.

Pumari volvió a ser visto el viernes, cuando acudió a una audiencia en el marco del proceso que se le sigue por la supuesta comisión de delitos electorales. Al llegar al juzgado, encontró a su hija de corta edad, que hacía vigilia, corrió hacia ella, la abrazó y no pudo contener las lágrimas. A partir de ahí, su fortaleza está con altibajos. Aunque ese día lanzó mensajes de unidad y se mantuvo firme ante las cámaras, después volvió a romper en llanto, cuando fue entrevistado por un medio nacional.

Aunque no se ha dado detalles, su situación es desesperante: desde el momento mismo en que fue aprehendido, en un operativo nunca visto en Potosí, en el que participaron centenares de policías, su caso no ha sido llevado conforme a derecho y tiene toda la apariencia de una venganza política. Su proceso ni siquiera se ha iniciado, pero él ya está más de un año en la cárcel. Su familia está desamparada y él ya no cuenta con nadie, ni siquiera con los dirigentes del Comcipo al que presidió para exigir respuestas a las demandas regionales.

Al hablar con los medios el viernes, dijo que se cuestiona el haber encabezado las luchas cívicas de Potosí.

En algún lugar del Departamento, y recientemente reportado enfermo, el ex presidente del comité de movilizaciones también se escucha deprimido. Cuando es contactado por algún medio de prensa, lo primero que pregunta es qué dice Comcipo, qué ha hecho respecto a su caso y el de Pumari, y la respuesta siempre es la misma: nada. Al preguntársele por su salud, responde que está “delicado, pero sé que saldré de esta situación”.

La muerte de Juan Carlos Manuel, en la clandestinidad, fue un golpe todavía más fuerte para ellos, pues saben que él murió sin que se haya escuchado su voz de inocencia.

En octubre/noviembre de 2019, Pumari y su dirigencia cumplieron resoluciones aprobadas en consejos consultivos de Comcipo y la protesta popular se desbordó al punto que el edificio del Tribunal Electoral Departamental y el del Registro Cívico fueron incendiados. Dolido por aquellos sucesos, el gobierno ha cargado con todo contra ellos y no hay indicios de que realmente se aplique la justicia. El caso está politizado, tanto que, cuando se publica algo en las redes respecto a este caso, los "guerreros digitales" saltan para hacerlo pedazos. Pumari y Subia tienen razones para deprimirse.

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