Con apoyo policial y de otras instituciones, el personal de la Secretaría de Minería y Metalurgia de la Gobernación de Potosí realizará batidas para frenar la salida ilegal de minerales desde el Departamento de Potosí.

El titular de esa secretaría, Delfín Aricoma, anunció que se está consolidando un acuerdo interinstitucional con la Policía Departamental para contar con uniformados que apoyen en los operativos, puesto que se debe detener a los camiones que sacan la carga sin el Formulario 101, evadiendo el pago de las regalías mineras.

Los técnicos de la Secretaría de Minería ya identificaron las minas que evaden regalías y los caminos que usan para sacar el mineral rumbo a otras regiones del país y será en esos sitios que instalarán puestos de control móviles para detener a los infractores.

Con el apoyo policial y de otras entidades, se decomisará los camiones y detendrá tanto al chofer como a sus acompañantes para que identifiquen a los dueños de la carga, quienes serán procesados por la comisión de varios delitos, entre ellos el incumplimiento de normas nacionales y departamentales.

Lo más grave es que, por velar sus propios intereses, esos ciudadanos afectan al Departamento de Potosí en la percepción de las regalías mineras puesto que, cuando un mineral no es registrado como origen Potosí, la regalía se le consigna a la región donde es tratada la carga y, en este caso, la mayoría del producto ilegal estarían yendo a Oruro.

Esos malos mineros le roban la regalía minera al pueblo potosino y le regalan recursos que no les corresponden a un municipio y la gobernación de Oruro, lo cual se pondrá fin con las detenciones de las cargas y los juicios a los evasores.

“No podemos permitir que algunos malos mineros saquen el mineral de los yacimientos potosinos, lo lleven por caminos directos hacia Oruro y aporten a esa región en lugar de hacerlo en beneficio de Potosí”, destacó Delfín Aricoma.

El titular de minería de la gobernación dijo que una parte importante del presupuesto departamental de Potosí proviene de las regalías mineras, por lo que es necesario cuidar esos ingresos que permiten la ejecución de una serie de proyectos en los 41 municipios y 16 provincias.

La implementación de los operativos tiene la finalidad de cortar de raíz la salida ilegal de carga puesto que, por su comodidad, algunos mineros no realizan las gestiones ni se someten a las inspecciones para llevar su producción a una planta de tratamiento de minerales, en este caso a Oruro, donde el mineral es registrado como si fuera producido allí, asignando a esa gobernación el 85 por ciento de la regalía minera y al municipio respectivo el 15 por ciento.

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