La primera carta es del 8 de febrero. En ella, los diputados Marina Morales y Juan José Torrez le piden al gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, que se aleje del cargo para que “no exista presión, obstrucción y protección” en el proceso investigativo por la fallida compra de 41 ambulancias. Al día siguiente, una carta similar le fue enviada a Mamani y otra más a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD). Todas las notas oficiales han sido ignoradas hasta el presente.
Jhonny Mamani, que ofreció renunciar “mañana mismo” si se encontraba irregularidades en el contrato de las 41 ambulancias, sigue en el cargo pese a que las anomalías han sido detectadas por todos quienes se han acercado a los documentos del proceso de compra, incluidos los asambleístas de su propio partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS).
La segunda carta, la del 9 de febrero, está firmada por las diputadas Marina Morales, Mery Mamani y Casilda Cuéllar, además de la senadora Ana María Castillo. En ella le piden que dé una “clara muestra al pueblo potosino de la transparencia o irregularidades de sus actos” y pida licencia temporal del cargo, para defenderse de las acusaciones en su contra.
En esa misma fecha se presentó otra carta al presidente de la ALD, Marcial Ayali, en la que se pedía la “separación temporal del señor gobernador Jhonny Mamani” en una de las sesiones ordinarias de ese organismo.
Hasta la fecha, la respuesta a esas cartas ha sido el silencio.
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