Evasión de impuestos: ese es el objetivo de las redes o consorcios ilegales que se constituyeron en el exterior del país con el propósito de internar vehículos a Bolivia, pero sin pagar los impuestos de ley. Según la Cámara Automotor Boliviana (CAB), el procedimiento que usan es el mismo que fue empleado para la compra de las 41 ambulancias para la Gobernación de Potosí.

Son consorcios, o grupos de personas, aunque también hay operadores individuales. Lo que hacen es actuar entre compradores en la zona franca de Iquique y vendedores particulares en países como Emiratos Árabes Unidos (EAU) o el sultanato de Omán. Cuando el o los vehículos ya están en Iquique, ya tienen comprador y deben ser introducidos a Bolivia, se les somete a un reacondicionamiento con el fin de que el impuesto a pagar sea menor.

“Le hacen un documento de haber tenido un reacondicionamiento. Con ese documento que emiten malos funcionarios de las zonas francas industriales, ese vehículo ha perdido su condición de nuevo, porque está reacondicionado”, explica el gerente general de la CAB, Luis Orlando Encinas Valenzuela. Puesto en frontera con Bolivia, un vehículo nuevo debe pagar el 43 por ciento sobre la base imponible, pero, si no es nuevo, el pago del impuesto baja a por lo menos la mitad. Por tanto, estas redes de “internadores” están evadiendo impuestos.

Pero los ilícitos no se limitan a la evasión tributaria. La investigación que ha hecho la CAB señala que los “internadores”, que son importadores paralelos de vehículos, y se dan modos para evadir la normativa tributaria aduanera, necesitan altas sumas de dinero para comprar los vehículos en Omán o EAU, pues los pagan en efectivo. Se cree que esta es una vía para el lavado de dinero. Por la gravedad de la situación, esta ha sido denunciada a la Procuraduría General del Estado.

La CAB ha detectado que la mayoría de los “internadores” son paquistaníes que operan directamente con compradores de autos en Iquique que incluso tienen tiendas que se hacen pasar por importadores. Como no se trata de un mercado negro, le llaman “gris”, rótulo que se extiende a los importadores y vehículos que trabajan con ese sistema.

LAS AMBULANCIAS

“El modus operandi del que usted habla se parece mucho al fallido intento de compra de las 41 ambulancias para la Gobernación de Potosí”, le dijo a este diario a Encinas y él replicó que “no es que se parece mucho: es el procedimiento que utilizan los grises”.

El Viceministerio de Transparencia encontró que una parte de las ambulancias que la Gobernación de Potosí iba a comprar fueron reacondicionadas, así que se estaba intentando evadir impuestos y su valor bajaba notoriamente. El gerente de la CAB recordó, además, que la adjudicación del contrato fue muy direccionada y favoreció a una empresa que apenas tenía un mes de creada cuando comenzó el proceso de compra. Esa empresa “se ha creado con un recurso de 100.000 Bolivianos y maneja un contrato de 20 millones y medio de Bolivianos. Es, pues, dudoso, ¿verdad?”, agregó.

Al margen de las averiguaciones de la CAB, El Potosí pudo encontrar un vínculo entre la gobernación y un “internador”, Osvaldo Mariscal Barrios, uno de los que fue hasta el Taller Automotriz Zegarra Motors para sonsacar el NIT que se utilizó después en el contrato para las 41 ambulancias.

Este diario evidenció que Mariscal manejaba una camioneta que supuestamente alquilaba y era guardada eventualmente en el garaje de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Esa evidencia dio lugar al alejamiento del gerente regional de esa entidad, Milton Javier Villa.

Mariscal contestó a su teléfono la primera vez que le llamamos, y dijo ser “internador” de vehículos, pero después no volvió a contestar. El Potosí tiene más datos sobre esta persona, clave para entender la supuesta red que se estaba beneficiando de contratos con la gobernación, y los publicará más adelante.     

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