Pese al anuncio público de transparencia que hizo el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, respecto a los contratos de compra de bienes, el secretario departamental jurídico, Rubén Moisés Miranda Castro, se negó a proporcionar información a El Potosí a menos que este diario demuestre su interés legítimo en esos casos.
El “interés legítimo” es una figura jurídica que consiste en el interés indirecto que tiene una persona, natural o jurídica, respecto de una situación que podría afectarle. No obstante, su exigencia se limita a los procesos en los que se ejerce jurisdicción; es decir, los que son dirigidos por jueces. Así, si una persona solicita que un juez le proporcione información sobre un caso, primero debe acreditar su interés legítimo.
Sin embargo, no es el caso de los servidores públicos que, por imperio de los artículos 24 y 106 de la Constitución Política del Estado, están obligados a facilitar información cuando un periodista la solicite, que es lo que pasó con El Potosí, cuando pidió documentos sobre uno de los procesos de compra que ejecutó la Gobernación de Potosí.
Cuando se hizo ese pedido, Miranda, que no es juez sino funcionario, pidió que el periodista acredite su interés legítimo en el asunto. Finalmente, la conversación con el servidor público terminó sin haber conseguido nada.
El jueves 10 de febrero, en conferencia de prensa, el gobernador Mamani dijo que toda la documentación sobre los procesos de compras de la gobernación está a disposición de los periodistas que la soliciten; sin embargo, la actitud de Miranda demuestra que eso no es cierto y la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Gobernación hizo ese anuncio solo porque estaba frente a las cámaras.
Este diario requiere información sobre el proceso de compra de una ambulancia tipo III por un monto de 2,7 millones de Bolivianos.
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