Si los cheques, ahora anulados, para pagar por las 41 ambulancias no fueron retirados, entonces la empresa Stefals Logistics no cobró por este contrato, lo que sí hizo en otros. Pese a tener menos de tres meses, esta empresa logró adjudicarse hasta cuatro contratos de la Gobernación de Potosí, por un valor global que supera los 22 millones de Bolivianos.

Cuando estalló el escándalo por las 41 ambulancias, el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, anunció que procesaría a la empresa y ejecutaría su boleta de garantía.

Sin embargo, la investigación sobre este caso evidenció que no hay boleta bancaria, sino póliza de garantía emitida por una aseguradora.

Una boleta bancaria es fácilmente ejecutable, pero una póliza de garantía requerirá un proceso. El informe de la comisión de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí detalla que la póliza, por un valor de 1.435.000 Bolivianos, debe hacerse efectiva hasta las 12:00 del 2 de marzo.

“Según la cláusula séptima del contrato el proveedor garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente contrato, en todas sus partes con la póliza de garantía de cumplimiento de contrato de suministros para entidades públicas  N° 65023037, emitida por Alianza Seguros y Reaseguros S.A.,  con vigencia hasta el 2 de marzo del 2022 por un monte del 7% del contrato equivalente a  Bs. 1.435.000,00.-“, dice el informe que agrega que “la vigencia de póliza de garantía de cumplimiento de contrato, señala: fecha 2 de marzo de 2022 hasta horas 12:00”.

El asambleísta Jaime Flores, que es abogado, recuerda que “no hubo resolución de contrato, porque legalmente es difícil resolver un contrato de provisión de bienes cuando existe un acta de recepción definitiva”.

Uno de los cuestionamientos a este contrato es que, pese a su cuantía, se admitió que la empresa presente póliza, en lugar de boleta bancaria, y, para colmo, ni siquiera con una garantía en efectivo, sino un bien inmueble, lo que hace prever que la ejecución será compleja.

“La póliza (es un problema) en su ejecución (porque) es un trámite largo que se debe realizar, es por eso que legalmente es inviable esa ejecución”, dice Flores quien advierte que “no existe documentación que demuestre que la gobernación resolvió el contrato. Es otra mentira decir que se resolvió el contrato, porque, si la empresa así lo decide, puede llevar a un proceso coactivo, con las consecuencias que conllevaría esto”.

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