Desde ayer, en el departamento de Potosí, la justicia agroambiental llega a los domicilios de los litigantes con la aplicación del trabajo itinerante, una política del Tribunal Agroambiental de Bolivia que permite el acceso a la justicia, evita gastos y resuelve conflictos legales de la población en su lugar de residencia.

Con la implementación de este sistema judicial ya no habrá más juezas y jueces tras un escritorio; al contrario, las autoridades dejarán sus despachos y se constituirán en los lugares donde haya conflicto por tierras.

El presidente del Tribunal Agroambiental, Gregorio Aro, en conferencia de prensa, confirmó que las autoridades agroambientales dejarán sus despachos para atender las demandas, inspecciones, recibirán pruebas, realizarán conciliaciones y dictarán sentencias dando respuesta a las controversias de la gente.

"El juez, la jueza agroambiental tiene la obligación de trasladarse de su cede judicial original a los diferentes municipios y provincias, naciones y pueblos indígenas originarios campesinos con el propósito de conocer la realidad histórica, social y cultural e impartir la justicia plural en materia agraria, pecuaria, forestal, biodiversidad y los recursos hídricos conforme a la ley", aseveró a los medios de comunicación.