Bolivia vive hoy un feriado cuyo objetivo principal es celebrar a los trabajadores, pero muchos de ellos trabajarán con normalidad este día porque, si no lo hacen, perderán los ingresos de una jornada por una razón que el gobierno mira de reojo: la mayoría son informales que no cuentan con sueldo ni sus beneficios colaterales.

Ni este gobierno ni los anteriores visibilizan las condiciones laborales. Este año, tampoco lo hacen los medios de comunicación social, por lo menos en sus versiones digitales, ya que se trata de empresas privadas que prefieren no abordar el tema, simplemente porque no les conviene. Aunque ya se cumplirá, oficialmente, un año de la finalización de la pandemia de covid-19, el sector privado sigue usándola de argumento para señalar que las empresas tienen dañada su economía y, por tanto, ni siquiera tienen capacidad para afrontar un incremento salarial que apenas es del 3 por ciento al haber básico.

Para cualquier gobierno, admitir que las condiciones laborales no mejoran es reconocer su propia incapacidad, porque una de sus obligaciones es crear empleo. Por eso, las cifras oficiales, manejadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran las tasas de desempleo que, hasta el cuatro trimestre de 2023 reflejan una disminución de hasta menos del cuatro por ciento. No obstante, lo que no dicen las cifras es que el desempleo refleja, en una aplicación lógica inversa, que ha aumentado la cantidad de personas ocupadas, pero no con empleo. La realidad en Bolivia es que la mayoría de las personas que trabajan lo hacen en el sector informal, así que no gozan de sueldos ni sus beneficios colaterales como seguro a corto plazo y la posibilidad de contar con una pensión digna cuando se jubile.

Usando las cifras oficiales del INE, el Instituto de Investigaciones Socio-Económicas (IISEC), perteneciente a la Universidad Católica Boliviana, ha elaborado un informe que revela que, de cada diez personas en capacidad de trabajar, siete lo hacen en el sector informal; es decir, en trabajos que no fueron creados por los gobiernos sino por la misma gente. En este sector, la legislación laboral se aplica a medias y, por tanto, el salario mínimo nacional ha pasado a ser un enunciado. La cantidad de personas que trabajan ocho horas diarias, o más, por una remuneración que está debajo del sueldo básico crece exponencialmente.

Las personas aceptan trabajar en el sector informal renunciando a los beneficios de la legislación laboral debido a que no tienen mejores alternativas. El estudio del IISEC, reflejado en una nota publicada por la Agencia de Noticias Fides (ANF), disponible solo para suscriptores, revela, también, que en Bolivia existen personas con dos títulos universitarios y hasta maestrías y, aún así, están desempleadas o trabajan en áreas que no les corresponde.

“La calidad del empleo en Bolivia es bajo, no cuenta ni con la garantía del Ministerio de Trabajo. Está prohibido enfermarse y el empleado no tiene derecho a envejecer pues no aporta a su jubilación. La informalidad implica un trabajo precario. El 80% del total de los trabajadores en Bolivia no cuenta con AFP  (jubilación) y ese es un indicador importante para medir la informalidad, por ello podemos decir que hay bastante informalidad. El 20% que aporta tiene un empleo de calidad o lo hace por si sola”, señaló a la ANF Fernanda Wanderley, directora del IISEC.

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