El director jurídico de la Gobernación, Jarry Sacaca, abrió la posibilidad de procesar penalmente a dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia por emitir una medida cautelar que impidió el cobro de una boleta de más de 4 millones de Bolivianos por la rescisión de un contrato con una empresa.
Dijo que la dirección jurídica analizará qué tipo de delito habrían cometido dos vocales y que posiblemente sea por el supuesto incumplimiento de deberes y prevaricato.
Los administradores de justicia supuestamente causaron un daño económico al estado al emitir la medida cautelar, ya que no se pudo cobrar la boleta de garantía.
Sacaca afirmó que un juez de garantías constitucionales concedió la tutela a la Gobernación para cobrar la boleta de garantía y que hoy sienta jurisprudencia.
Presume que hay muchos casos, como el de la Gobernación, en los municipios que rescindieron el contrato con empresas y que hasta la fecha no pueden cobrar los recurso económicos del Estado.
