L a gobernación de Potosí presentó una demanda penal contra Juan Albarracin y José Capriles por la supuesta comisión del delito de "destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional".

La denuncia se funda en el hecho de que esas dos personas llegaron a la región del sudoeste potosino en 2008 y durante dos años investigaron los chullpares y otros bienes patrimoniales habiéndose llevado en 2010 una serie de objetos de incalculable valor.

"El que destruyere, deteriorare, substrajere o exportare un bien perteneciente al dominio público, una fuente de riqueza, monumentos u objetos del patrimonio arqueológico, histórico o artístico nacional, incurrirá en privación de libertad de uno a seis años", señala el artículo 223 del Código Penal Boliviano que será aplicado en este caso.

Los comunarios de la zona confiaron en ellos pues se presentaron como investigadores de las universidades San Andrés de La Paz y de Pensilvania habiendo prometido consolidar un museo con las piezas halladas pero se marcharon y nunca más volvieron.

El gobernador, Juan Carlos Cejas, recibió una carta de los comunarios de Alota (provincia Enrique Baldivieso) en la que le otorgan su total respaldo para el rescate de bienes arqueológicos sustraidos en 2010 de la "Cueva del chileno" que se halla en esa región.

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