Sudamérica atraviesa una coyuntura paradójica: nunca antes tantos países de la región habían sostenido procedimientos electorales competitivos y, sin embargo, pocas veces la autoridad emanada de las urnas había resultado tan frágil. En efecto, la crisis contemporánea no es tanto de acceso al poder como de ejercicio y reconocimiento de este. Dicho de otro modo, el problema ya no radica exclusivamente en quién gobierna, sino en si quien gobierna logra ser obedecido, creído y respaldado más allá del día de la elección.
En primer lugar, conviene distinguir dos dimensiones que el debate público suele confundir. La gobernabilidad remite a la capacidad del Estado para procesar demandas, sostener políticas y garantizar reglas estables; la legitimidad, en cambio, alude a la convicción ciudadana de que ese orden merece adhesión. Zavaleta Cabrera (2025) advierte que la consolidación democrática depende de la articulación entre una gestión pública eficaz y una participación ciudadana efectiva, de modo que el déficit en una de ellas termina erosionando a la otra. Por consiguiente, un gobierno ineficaz pierde legitimidad y un gobierno ilegítimo, a su vez, ve mermada su capacidad de gobernar.
Este círculo vicioso se aprecia con nitidez en el caso peruano. Gonzales-Mejía (2025) describe un proceso de hibridación democrática en el que conviven instituciones formalmente democráticas con prácticas autoritarias, captura estatal, corrupción y polarización, lo que configura una crisis de legitimidad de carácter multidimensional. La sucesión vertiginosa de presidentes, vacancias y enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso no constituye, por tanto, una anomalía coyuntural, sino el síntoma de una descomposición más profunda del pacto social.
Asimismo, Ecuador ofrece evidencia de que la inestabilidad política no se agota en el plano institucional. Villagómez Samaniego et al. (2024) demuestran que, entre 2000 y 2021, los periodos de crisis de gobernabilidad coincidieron con una balanza comercial deficitaria, lo que revela el costo material de la incertidumbre política. De ahí que la ingobernabilidad no sea una mera disputa entre élites, sino un factor que repercute en el empleo, la inversión y el bienestar de una ciudadanía que, frustrada, retira su apoyo al sistema.
En este sentido, la corrupción opera como el principal disolvente de la confianza pública. Almeida y Casalecchi (2025) sostienen que la percepción de corrupción en América Latina no solo debilita el apoyo específico a los gobiernos de turno, sino también el apoyo difuso al régimen democrático en su conjunto, comprometiendo su estabilidad. Por ende, cada escándalo no erosiona únicamente la reputación de un mandatario, sino la reserva de legitimidad que permite a las democracias resistir sus crisis. Agotada esa reserva, las alternativas populistas o autoritarias se vuelven atractivas.
No obstante, sería un error atribuir la crisis exclusivamente a factores institucionales o éticos. Alcántara Sáez et al. (2024) acuñan la noción de democracias fatigadas para describir regímenes que sobreviven formalmente, pero que operan en sociedades cansadas, escépticas frente a la representación y desafectas respecto de los partidos. En la misma línea, Tobar Cazares (2025) plantea, desde la filosofía política, que la democracia representativa contemporánea se ha distanciado de la orientación hacia el bien común que la politeia clásica situaba en el centro del orden político, lo cual explica, en parte, la brecha creciente entre representantes y representados.
Frente a este diagnóstico, la tentación refundacional reaparece. Sin embargo, Sánchez Gómez (2025) muestra, a partir del caso paraguayo en perspectiva comparada, que los proyectos de refundación constitucional tropiezan con las tensiones entre el poder presidencial, las restricciones institucionales y la legitimidad democrática; en consecuencia, una nueva Constitución no garantiza, por sí sola, la recomposición del vínculo entre Estado y sociedad. Por el contrario, cuando la reforma se percibe como instrumento de concentración del poder, profundiza la desconfianza que pretendía superar.
¿Qué hacer, entonces? Quispe Fernández (2024) constata que las tendencias regionales están marcadas por liderazgos carismáticos y populistas, y propone el liderazgo transformacional, orientado a la inclusión, la ética pública y la construcción de consensos, como variable capaz de fortalecer la gobernabilidad. Con todo, el liderazgo, por virtuoso que sea, resulta insuficiente sin instituciones que lo trasciendan y lo controlen.
En suma, la crisis sudamericana exige abandonar las lecturas simplistas que reducen el problema a gobiernos puntuales o a ciclos ideológicos. Lo que está en juego es la capacidad de las democracias de la región para volver a producir resultados tangibles y, simultáneamente, recuperar la confianza ciudadana. Si las élites políticas no asumen que la legitimidad no se hereda de las urnas, sino que se renueva cotidianamente mediante transparencia, eficacia y rendición de cuentas, la fatiga democrática podría transformarse, finalmente, en abierta ruptura.
