En las últimas horas surgieron nuevas revelaciones sobre el caso de las presuntas presiones políticas para contratar personal en la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem). Un diputado afirmó que a la exdirectora de la entidad, Daniela Quiroga, le pidieron 500 mil bolivianos para mantenerla en el cargo.
El Gobierno, entretanto, sostuvo que los legisladores implicados reconocieron los audios que los incriminan y que, por lo mismo, deben someterse a la Justicia.
El diputado Edgar Zegarra declaró en el programa “Frente a Frente”, de La Paz Media 96.7 FM, que habló “tres, cuatro veces” con Quiroga antes de que se hicieran públicas las denuncias. “Para que ella se quede, le han pedido 500 mil bolivianos”, denunció. Según relató, Quiroga le respondió que no tenía dinero y él le recomendó denunciar. “Y le botaron”, añadió.
Zegarra aseguró que los audios son “verídicos” y que los escuchó antes de su difusión. “Hay otros diálogos donde empiezan a querer negociar las licitaciones en este tema, en esta institución”, afirmó.
El legislador, en ese marco, preguntó “por qué se está haciendo de la vista gorda” la Fiscalía y sostuvo que debería iniciar una investigación penal por uso indebido de influencias.
Por su parte, el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Edwin Valda dijo en el programa “Hablar de Bolivia con una taza de café”, de radio Fides, que “venía gente a buscar por (una) fuente laboral (a) (Alejandro) Medinaceli” al Legislativo. Según relató, quienes acudían le decían que “Medinaceli nos dice que él es el que tiene poder”. Valda, en ese sentido, cuestionó además que Medinaceli tuviera supuestamente una oficina en la Casa Grande del Pueblo.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, entretanto, afirmó el viernes que los audios fueron “reconocidas por estas personas (en referencia a los diputados señalados) y que, por lo tanto, deben ir a la Justicia, y (el caso) debe ser aclarado plenamente”. Añadió que “no vamos a encubrir a nadie”, pero aclaró tampoco condenarán “a nadie antes de que la justicia haga su trabajo”. “En este Gobierno no existen cuotas ni cargos que tenga el dueño”, agregó el funcionario.
