El torneo (y de las grandes ligas) de escándalos que las últimas semanas está azotando nuevamente al ya vapuleado estado del arte del sistema de justicia boliviano está que arde y no hay orden de parar -diría el siempre extrañado Paulovich-. Cada día surgen nuevos y desde el soberano y peor el foro, ya no se sabe si reír o llorar por ese vomitivo estado de podredumbre institucional, personal y moral.
Si bien excepciones existen que por supuesto aplican conforme vengo insistiendo sistemáticamente en este disfrute de opinión y más allá de los extremos esfuerzos que como jurista toca hacer por presumir el estado de inocencia de los últimos implicados públicamente deschapados -hay muchos más, pero están ahora entonando el acostumbrado himno “del yo no fui” intentando mimetizarse o por lo menos disminuir los daños-; encuentro por lo menos dos formas principales de intentar comprender y analizar esos funestos acontecimientos.
El primero, más simple e inmediato consiste en nuestra legítima indignación y tal vez asombro con ese avance de las investigaciones o fugas del sistema, hasta con la esperanza que ojalá esta vez desentrañen la famosa verdad real o histórica de los hechos y conduzcan al juzgamiento -siempre mediando el Debido Proceso- de todos los implicados e incluso algo aún mucho más complejo, el desmontaje de las estructuras que han permitido, encubierto y facilitado esas cloacas. No obstante, pensar que eso que está mal oliendo es algo relativamente casual producto de la pendejez de algunos impresentables que aprovecharon la ocasión y dieron rienda suelta a su mediocridad, es una ingenuidad.
Por lo que sin menoscabar lo anterior, sostengo también que lo más profundo, preocupante y peligroso radica en que siempre presumiendo aquel estado de inocencia pero a la vista de esos hechos -estos no tienen esa presunción, sino las personas- queda claro algo realmente temible: el estado, los gobiernos y hasta la sociedad boliviana están ya ni siquiera penetrados sino capturados por la DOT, es decir, por la Delincuencia Organizada Transnacional. En el caso boliviano está capitaneada por el narcotráfico, aunque también existe contrabando, minería ilegal, trata de personas y otras de sus perversas manifestaciones. Y el común denominador de todas esas peligrosísimas actividades nada sanctas es simple y llanamente, la corrupción.
Sus efectos y poder son tan pero tan lesivos, que no es una novedad apuntar que ese coctel es tan pero tan peligroso para todos nosotros como ciudadanos, que ponen en grave riesgo la viabilidad de cualquier estado y ni que decir de sus sistemas democráticos. Si en el caso boliviano le sumamos nuestra ya crónica debilidad institucional (pese a la obesidad estatal con su “burocracia” “servidores públicos”, etc) como nos lo había advertido hace años atrás por ejemplo el muy prestigioso “In sight crime” que es un think tank especializado en la investigación, análisis y periodismo sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe en su interesante estudio: “El desafío de Evo: Bolivia el epicentro de la droga” disponible en: https://insightcrime.org/es/investigaciones/el-desafio-de-evo-bolivia-el-epicentro-de-la-droga/; resulta tan pero tan evidente que esos hechos que hoy escandalizan al soberano, muestran más allá de toda duda razonable esa temible captura estructural por la parte de la DOT del estado y la sociedad boliviana. No es entonces algo casual o limitado a los últimos famosos casos.
En el fondo, lo que está saliendo es de manual de la DOT: aprovechando de la debilidad institucionalidad y de la campeante corrupción especialmente pública aunque no exclusiva de ese sector; las garras de la DOT (narcotráfico principalmente en el caso boliviano) hacen florecer ampliamente esa delincuencia hasta alcanzar poderes principalmente económicos pero también políticos que les permite no solo penetrar sino capturar la institucionalidad y sociedad. Inicialmente buscan asegurar ese desarrollo pero luego, a la vista de sus “buenos” resultados, ya no sólo buscan asegurar su mantenimiento y funcionamiento además de asegurarse impunidad, para luego pasar directamente a la captura sino asociación delictiva con quienes -paradójicamente- están legalmente obligados a combatirlos: Policía, Fiscalía, Tribunales, etc.
Eso es lo que está probando más allá de toda duda razonable los últimos escándalos y lo peor de todo es que desmontar esas estructuras desde adentro al menos por el momento, parece oler a misión imposible dada esa su profundidad, penetración y captura y evidente debilidad institucionalidad y crisis moral. No obstante, nuestro principal desafío siempre será intentarlo desde donde corresponda, aunque por ejemplo en el caso del sistema de administración de justicia, sólo existen pomposos discursos y nada más. Adela CORTINA nos lo escribe así: “El desafío del siglo es que la ética llegue al poder”.
