Bolivia seguirá bajo estado de excepción. La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó su ampliación por otros 90 días, con lo que una medida concebida como extraordinaria se prolongará hasta diciembre. El argumento del Gobierno es evitar que vuelvan los bloqueos que paralizaron buena parte del país y garantizar la circulación de alimentos, combustibles, medicamentos y otros bienes esenciales.
La posición de este diario ya fue expresada: el estado de excepción no era la respuesta idónea. Si el problema que enfrenta Bolivia es la utilización recurrente de los bloqueos como mecanismo de presión política y social, la solución debe ser una norma permanente que establezca consecuencias claras para quienes impidan deliberadamente la libre circulación. Lo que Bolivia necesitaba era una ley anti-bloqueos, no acostumbrarse a vivir bajo medidas excepcionales.
El estado de excepción puede ser utilizado en circunstancias extraordinarias, pero no debería convertirse en la forma habitual de administrar los conflictos sociales. Una democracia necesita mecanismos ordinarios para enfrentar conductas que afectan derechos de terceros. La protesta debe ser respetada; pero ese derecho no puede convertirse en autorización para impedir que otros trabajen, estudien, se movilicen, reciban atención médica o accedan a alimentos y combustibles.
Los hechos ocurridos entre mayo y junio demostraron hasta dónde puede llegar el costo de los bloqueos. Hubo desabastecimiento, pérdidas económicas y personas que no pudieron recibir atención médica oportunamente. La experiencia debería haber servido para construir una respuesta jurídica permanente.
También corresponde mirar con atención a quienes rechazan la ampliación. Existen sectores que cuestionan la medida por razones institucionales, económicas o jurídicas, y sus argumentos merecen ser escuchados. Pero hay otros cuya posición no puede analizarse al margen de su trayectoria política. Entre ellos están sectores vinculados al expresidente Evo Morales, quien ha cuestionado la ampliación mientras dirigentes de organizaciones afines han advertido sobre nuevas movilizaciones.
Existe un antecedente que no puede ser ignorado: los bloqueos de mayo y junio estuvieron protagonizados también por sectores afines a Morales y tuvieron entre sus consignas el cuestionamiento al Gobierno y la exigencia de la renuncia del Presidente. Por ello, su rechazo puede interpretarse dentro de una disputa política más amplia, en la que la movilización callejera aparece como instrumento de presión. Eso no significa atribuir esa intención a todos los sectores que cuestionan la medida, pero tampoco sería serio desconocerla cuando existen antecedentes concretos.
El problema, sin embargo, no termina ahí. Un Gobierno no puede pretender que la sola vigencia del estado de excepción resuelva las causas del conflicto. Si durante otros 90 días se limita a contener bloqueos sin atender las razones legítimas del malestar, al final del período volveremos al mismo punto.
La ampliación puede evitar temporalmente una nueva paralización nacional, pero no puede ser la política de Estado para los próximos meses. Bolivia necesita reglas claras, instituciones que las hagan cumplir y canales eficaces para resolver conflictos.
Bolivia no puede vivir permanentemente entre bloqueos y estados de excepción. Lo excepcional debe volver a ser excepcional. La respuesta definitiva debe estar en la ley, no en la prolongación indefinida de una emergencia.
