Más de 93.000 familias afectadas en apenas dos semanas por lluvias, nevadas, inundaciones y fuertes vientos deberían ser suficientes para que Bolivia deje de tratar cada emergencia climática como si se tratara de un acontecimiento inesperado. No lo es.
Las lluvias y las nevadas son fenómenos previsibles. No puede saberse siempre con exactitud qué comunidad será la más afectada ni cuál será la magnitud de un evento determinado, pero sí se conocen las temporadas, las regiones vulnerables y los efectos que estos fenómenos suelen provocar. Por eso, el verdadero problema no es que llueva o nieve, sino que sus consecuencias continúen encontrando al Estado insuficientemente preparado.
Potosí conoce demasiado bien esta realidad. En el sudoeste del Departamento, las bajas temperaturas y las nevadas han provocado en el pasado situaciones extremas, incluso con pérdida de vidas humanas, cuando no historias de supervivencia dignas de novelas o series televisivas. Allí no se puede hablar de un fenómeno desconocido. Se sabe cuáles son las comunidades expuestas, los caminos que pueden quedar incomunicados, las dificultades para trasladar alimentos y medicamentos y la vulnerabilidad de una población cuya economía depende en gran medida de la agricultura y la ganadería.
Cuando un fenómeno se repite y sus consecuencias son conocidas, la prevención deja de ser una opción y se convierte en una obligación.
Las cifras actuales muestran, además, que el problema no se limita a la atención de las familias damnificadas. Decenas de miles de hectáreas de cultivos y cientos de miles de cabezas de ganado han sufrido daños. Detrás de cada animal perdido y de cada parcela destruida hay ingresos familiares que desaparecen y una producción que tardará en recuperarse. Una emergencia climática puede convertirse así en una crisis económica y alimentaria para comunidades enteras.
Por supuesto que hay que llevar alimentos, medicamentos, abrigo, forraje y asistencia a quienes lo necesitan. Pero esa es la respuesta a la emergencia, no la política de prevención.
Bolivia necesita aprender a actuar antes. Si los pronósticos advierten de lluvias intensas o nevadas, las autoridades deben activar con anticipación los mecanismos de protección, disponer maquinaria y suministros, preparar albergues, asegurar el abastecimiento de forraje y establecer rutas de atención para las comunidades que podrían quedar aisladas. La información meteorológica solamente tiene verdadero valor cuando se convierte en decisiones oportunas.
También hace falta una política de largo plazo. Los caminos rurales, los sistemas de comunicación, la infraestructura productiva, el manejo de cuencas y la protección del ganado no pueden seguir dependiendo de las respuestas improvisadas que aparecen después de cada desastre.
No se trata de exigir que el Estado impida que llueva o que nieve. Se trata de algo mucho más elemental: que esté preparado para aquello que sabe que ocurrirá.
La emergencia no puede convertirse en rutina. Y menos aún puede convertirse en espectáculo de autoridades llegando con ayuda cuando el daño ya está hecho. La verdadera gestión del riesgo se demuestra antes, cuando todavía es posible salvar vidas, proteger la producción y evitar que una temporada de lluvias o de nevadas se transforme en una tragedia.
Porque cuando el frío ya ha cobrado vidas y las nevadas vuelven cada año, esperar a que llegue el desastre para comenzar a actuar no es prevención. Es improvisación.
