Bolivia tiene una fecha que no debería pasar inadvertida: el estado de excepción declarado el 20 de junio por 90 días llegará a su término en septiembre. Fue una medida extraordinaria adoptada después de 53 días de bloqueos, con carreteras interrumpidas, actividades económicas paralizadas, pérdidas millonarias y vidas humanas perdidas. La Asamblea Legislativa Plurinacional ratificó aquella decisión. Ahora corresponde preguntar qué hará para que, cuando termine la excepcionalidad, el país no vuelva al mismo punto de partida.
La respuesta debería ser clara: aprobar una ley anti-bloqueos.
No se trata de desconocer el derecho a la protesta, pero es importante recordar que ningún derecho puede ejercerse anulando los derechos de los demás. Convertir las carreteras en instrumentos de presión indefinida afecta el libre tránsito, paraliza la producción y puede poner vidas en riesgo, como se ha comprobado con el que duró más de 50 días.
Y, sin embargo, el proyecto de ley anti-bloqueos presentado por el diputado Carlos Alarcón lleva meses detenido. El propio legislador informó en la semana que termina que la Comisión de Justicia Plural todavía no emitió el informe necesario para que la iniciativa llegue al pleno. Según su denuncia, habían transcurrido seis meses desde su presentación.
No es el único proyecto. Existen otras propuestas para proteger la libre circulación, establecer corredores humanitarios y sancionar la obstrucción ilegítima del tránsito. El problema ya no es la falta de iniciativas; es la falta de decisión para convertirlas en una norma aprobada.
La Asamblea debería hacerlo antes de que termine el estado de excepción.
Dejar pasar el plazo significaría desperdiciar una oportunidad para transformar una crisis en una solución institucional. El estado de excepción no puede convertirse en la respuesta recurrente del Estado.
La propia naturaleza del estado de excepción exige temporalidad. La Defensoría del Pueblo recordó que debe sujetarse a legalidad, proporcionalidad, necesidad y temporalidad. No sería razonable levantar las restricciones extraordinarias sin construir mecanismos ordinarios para enfrentar aquello que originó la crisis.
La Asamblea ha tenido tiempo para ocuparse de otros asuntos. Ha interpelado ministros, tratado créditos, investigaciones y reformas, y recientemente censuró al ministro de Economía. Todo eso forma parte de sus atribuciones. Pero también debe responder a los problemas que afectan directamente a la población.
El bloqueo de carreteras es uno de ellos.
No podemos repetir la secuencia: bloqueo, pérdidas, violencia, presión social, estado de excepción y retorno a la normalidad sin resolver la causa de la crisis.
La futura ley debe ser equilibrada. No puede criminalizar cualquier protesta ni otorgar carta blanca a la represión. Debe diferenciar la manifestación pacífica del bloqueo coercitivo, establecer responsabilidades, proteger corredores humanitarios y garantizar el debido proceso.
Eso es legislar con responsabilidad.
Falta menos de un mes para que concluya el plazo de 90 días. No hay razón para esperar otro bloqueo, otra crisis y otro estado de excepción.
La Asamblea tiene una oportunidad de demostrar que puede estar a la altura de una crisis que ya le costó demasiado al país. El estado de excepción fue una medida extraordinaria; la ley anti-bloqueos debe ser la respuesta ordinaria.
La Asamblea debe dejar de discutir solamente quién tiene el poder y empezar a resolver para qué sirve el poder.
Que apruebe la ley anti-bloqueos antes de que termine el estado de excepción. Después podría ser demasiado tarde.
