Un encuentro fortuito con el Nuncio Apostólico en Bolivia me permitió conocer un dato revelador: en 2027 se cumplirá el 150.º aniversario de las relaciones «ininterrumpidas» entre el Estado boliviano y la Santa Sede.
Picado por la curiosidad de comprender la evolución de este vínculo desde la fundación de la República y sospechando que su continuidad escondía una trama más compleja, emprendí una investigación que me ha permitido esbozar las etapas fundamentales de esta relación. El primer período, que he denominado la «prehistoria», abarca desde 1825 hasta 1877.
La independencia de los territorios hispanoamericanos halló a la Iglesia profundamente vinculada a la Corona española y, por ende, recelosa de los movimientos emancipadores, más allá de aquellos clérigos que, a título personal, se sumaron a la gesta libertaria. Tras la consolidación de los nuevos Estados, aunque las constituciones —empezando por la de 1826 redactada por Bolívar— reconocían al catolicismo como religión oficial, surgieron dos nudos gordianos: el derecho reclamado por los gobiernos republicanos de nombrar obispos (en continuidad con el antiguo «Patronato Real») y la disputa sobre el grado de autonomía e injerencia de la Iglesia en la vida pública, particularmente en los ámbitos de la jurisdicción y la educación. El Patronato, que justificaba su autoridad en el financiamiento estatal al culto y al clero, exigía a cambio la potestad sobre los nombramientos eclesiásticos.
Ante esta situación, el Vaticano reaccionó enviando delegados pontificios que operaban desde centros virreinales históricos, como Lima o Buenos Aires, con el propósito de mitigar las tensiones y encauzar la transición política.
En Bolivia, la hostilidad inicial de Antonio José de Sucre hacia la Iglesia —manifestada en la confiscación de bienes— fue sucedida por una actitud más conciliadora durante las gestiones de Andrés de Santa Cruz y Manuel Isidoro Belzu. De hecho, a instancias del Ejecutivo, el 27 de junio de 1851 se proclamó a la Virgen del Carmen como patrona de Bolivia. Ese mismo año se suscribió en Roma un Concordato, rubricado por el cardenal Antonelli y el mariscal Andrés de Santa Cruz. Si bien fue aprobado por la Convención Nacional, su ratificación quedó supeditada a la resolución de discordancias constitucionales, por lo que nunca entró en vigor. La solución pragmática que proponía el Concordato al Patronato era la siguiente: el Congreso elaboraba una terna que el Presidente presentaba al Papa, quien finalmente nombraba al prelado. Cabe mencionar que, aun sin concordato, esta práctica de hecho se mantuvo en diversos periodos hasta que fue abolida definitivamente en la Constitución de 1961.
Debido a la inestabilidad política del Estado Pontificio, entre 1869 y 1877 se produjo una notable discontinuidad en las delegaciones de la Santa Sede en la región. El panorama cambió radicalmente en 1877, tras el Concilio Vaticano I (1869–1870) y la pérdida del poder temporal del Papa (1870), eventos que marcaron un salto cualitativo en la diplomacia vaticana.
El 6 de agosto de 1877, el Papa nombró a Mons. Mario Mocenni en el cargo de Delegado Apostólico para Bolivia, con sede en Lima. No se trataba, estrictamente, de una representación diplomática plena —como la actual Nunciatura—, sino de una delegación específica para atender asuntos de interés común; una suerte de «encargado de negocios» residente en el Perú, de quien no existen registros de visitas permanentes a Bolivia.
En conclusión, de cara al sesquicentenario que celebraremos en 2027, es históricamente preciso situar el año 1877 como el punto de inflexión que marca el inicio de las relaciones bilaterales formales entre Bolivia y el Vaticano.
