El 18 de septiembre de 2026, el Gobierno boliviano decidió asestar el golpe de gracia a un asaltante silencioso de las finanzas públicas: el cabecilla de una peligrosa banda criminal llamada «Subsidios», identificado como el «Subsidio del diésel oil».
Según datos oficiales, solo este forajido se llevaba últimamente más de 200 millones de dólares mensuales, a cambio de mantener anestesiados a los ciudadanos mediante precios artificialmente bajos de ese combustible.
A una semana de aquel acontecimiento de crónica negra, es necesario realizar una autopsia para comprender cómo se llegó a ese trágico y, al mismo tiempo, feliz desenlace. Exteriormente, el cuerpo examinado presenta algunas heridas recientes que los forenses identificaron mediante números de armas y fechas, a partir de la elección de un nuevo “sheriff” en noviembre del año anterior.
Después de un fallido intento de captura en diciembre de 2025, el Decreto Supremo (DS) 5516 dejó gravemente herido al criminal al elevar el precio del litro de 3,74 a 9,80 bolivianos. Sin embargo, la herida se mantuvo abierta por poco tiempo debido a una guerra desatada en Medio Oriente que incrementó de golpe en un 50 % el precio del petróleo. Ese mismo decreto fijó una fecha límite para «neutralizar» definitivamente a la banda: enero de 2027.
Ante el empeoramiento de la situación, el 9 de julio del presente año, mediante el DS 5652, el sheriff optó por asignar un monto extra para adquirir petróleo crudo, un alivio contra el Subsidio.
Al mes siguiente, mediante el DS 5676, el sheriff decidió cercar el subsidio al diésel restringiendo su accionar a un territorio específico: el de los pequeños consumidores y transportistas. Estos, paradójicamente, terminaron siendo los mejores aliados de otra banda asociada con la de los subsidios, la de los contrabandistas. Para el resto de los sectores, Subsidio dejó de operar al nivelarse el precio con el estándar internacional. Debido a esta discriminación, la medida fue resistida y criticada por propios y extraños.
Fue así como, a los pocos días, el DS 5683, emitido el 27 de agosto, debió duplicar el fondo extra para sostener el precio del diésel —para regocijo de ambas bandas—. Como el monto resultó insuficiente, al poco tiempo se lo volvió a duplicar, esta vez con el fin de reparar los daños colaterales ocasionados por las bandas aliadas.
Finalmente, el DS 5716 del 18 de septiembre puso fin a las fechorías del subsidio al diésel al nivelar el precio interno con el costo real, incluyendo algunos impuestos en beneficio del erario público. La estrategia del sheriff se resume en cuatro pilares: unificar el precio atándolo al mercado internacional; fijar un sistema de cálculo para ajustarlo periódicamente según el costo de internación; rogar para que los conflictos internacionales lleguen a su fin; y confiar en la disponibilidad de dólares —propios, prestados o de compañías privadas importadoras— para garantizar el abastecimiento.
Queda, sin embargo, una incógnita: ¿qué hará la ciudadanía, que suele simpatizar con la banda de los subsidios? ¿Se levantará buscando incluso cambiar el sheriff por otro más benévolo con la banda?
La respuesta planteada por el poder es clara: ampliar el estado de excepción para, presuntamente, contener la protesta social; otorgar compensaciones por los perjuicios causados por el nuevo régimen; y confiar en un crédito de un poderoso organismo financiero internacional para garantizar las divisas necesarias que aseguren el suministro interno.
¿Lo logrará, tomando en cuenta que aún falta desactivar a otros temibles miembros de esa misma banda de subsidios, como la gasolina, el GLP, el gas natural y el GNV?
Sus futuras autopsias lo dirán.
