Para fundamentar lo que se va a exponer en este espacio editorial es preciso partir de un hecho fácilmente verificable: este diario advirtió, desde los primeros días de febrero, que se había puesto en marcha en proceso sedicioso en el país y lo que vivimos hoy en día solo viene a confirmar aquel señalamiento.
Los bloqueos que tienen asfixiadas a varias ciudades del occidente del país no son protestas, puesto que no reivindican derechos señalados como tales, sino que buscan interrumpir el orden legal que está en marcha desde el momento mismo en que se convocó a elecciones para renovar los cargos nacionales electivos. La demanda principal es la renuncia del presidente del Estado, pero sin haber seguido el orden natural, y sindical, que se debía seguir para llegar a este punto.
Como hemos referido varias veces en este espacio, la Central Obrera Boliviana ha planteado la exigencia —lo que no es un pedido, ni demanda— de renuncia del presidente en un cabildo, una instancia, procedimiento o mecanismo que no figura en su Estatuto. Para llegar a ese punto, se saltó instancias como una reunión plena de su Comité Ejecutivo Nacional y el Ampliado Nacional.
El viernes hubo otra reunión a la que se le puso el rótulo de cabildo. Esta se realizó en Caracollo, Oruro, y determinó ratificar la exigencia de renuncia del presidente y la imposición de un cerco a La Paz como método para llegar a ese objetivo. Un cerco es, directamente, una acción de guerra, así que no puede considerarse una protesta.
Uno de los problemas de fondo del actual conflicto es que ninguna de las partes está aplicando la norma, tanto sindical como jurídica, así que estamos hablando de choque de facciones sin ley, lo que equivale a un estado de barbarie, ni siquiera de guerra, puesto que en esta última existen reglas ineludibles que buscan, como fin supremo, la protección de la vida de terceros no involucrados.
En el actual conflicto boliviano existen varias víctimas civiles, no involucradas, que van desde las siete reportadas por la Defensoría del Pueblo —a la que se acusa de afinidad con Evo Morales— a las 13 mencionadas por fuentes no oficiales. En el caso de este diario, hemos contabilizado ocho personas cuyos fallecimientos están directamente vinculados con los bloqueos; es decir, víctimas colaterales o no involucradas.
Pero ayer se reportó un hecho sumamente grave: el intento de desbloqueo de San Julián, en el Departamento de Santa Cruz, ha causado heridas de arma de fuego en seis policías, lo que demuestra, de manera inequívoca, que los protagonistas de cierres de caminos no solo están obstaculizando el libre tránsito por el territorio nacional, sino que ya se constituyen en grupos armados y eso, definitivamente, no es protesta pacífica. Aquí estamos hablando de acciones directas de guerra, lo que las pone en un plano jurídico distinto, y de la presunta comisión de varios delitos.
¿Esta situación anómala se limita a San Julián? Los hechos dicen que no, puesto que son varias las imágenes que muestran a personas armadas en otros puntos del país, particularmente de los lugares donde se ha reportado hechos de narcotráfico, y coinciden con advertencias subidas de tono lanzadas por los que aparecen como cabecillas de los bloqueos.
No estamos viviendo en una protesta en demanda de justicia social, ni mucho menos en una revolución de los sectores oprimidos del país, como el evismo intenta divulgar en el exterior del país. Desde febrero tenemos un proceso sedicioso en marcha que hace rato ha asumido la forma de un golpe de Estado que se ejecuta por etapas, con armas y delitos de por medio. El gobierno, que no ha hecho nada para frenar esta escalada de violencia, tiene gran parte de responsabilidad en lo que sucede puesto que está incurriendo en otro delito: incumplimiento de deberes.
