El nuevo orden mundial no es un fenómeno lejano que afecte exclusivamente a las grandes potencias. Para Estados de mediana y pequeña envergadura como Bolivia, la reconfiguración del sistema internacional plantea dilemas estratégicos de primera magnitud, cuya resolución determinará, en buena medida, las posibilidades de desarrollo soberano durante las próximas décadas. Bolivia no solo observa esta transición desde la periferia; también es escenario y objeto de sus disputas más concretas.
Desde luego, el posicionamiento diplomático del país ha procurado adaptarse a esta nueva geometría del poder. A partir del 1 de enero de 2025, Bolivia se convirtió en Estado socio de los BRICS, un bloque que, según datos de La Razón (2024), representa el 36,7% del Producto Interno Bruto mundial, el 24,5% del comercio global, el 39,3% de la producción industrial y el 45% de la población mundial. Esta incorporación fue presentada por el gobierno como el mayor logro de su política exterior, al inscribir al país en la corriente multipolar que disputa la hegemonía del orden liberal occidental.
No obstante, la retórica diplomática no puede disimular las profundas fragilidades internas que condicionan la capacidad real de Bolivia para operar con autonomía en el nuevo escenario global. El economista Horst Grebe (2025) advirtió que las reservas internacionales de Bolivia enfrentan una situación crítica debido a su uso intensivo para financiar desequilibrios externos y fiscales, reduciéndose desde los USD 15.000 millones en 2014 a menos de 2.000 millones desde 2023. Esta contracción de once años sitúa al país en una posición de extrema vulnerabilidad ante las turbulencias propias de un sistema internacional en transición.
Más aún, el especialista en comercio internacional Gustavo Fadda (2025) señaló que Bolivia mantiene vínculos estratégicos con China, Brasil, Argentina y Rusia, pero su política exterior carece de una hoja de ruta clara, y la reciente incorporación al BRICS abre nuevas posibilidades, pero también exige definiciones sobre el modelo de desarrollo, la inserción comercial y la diplomacia económica. La ausencia de una estrategia coherente constituye, en sí misma, un pasivo estructural que ningún acuerdo multilateral puede compensar de manera automática.
En ese contexto, el litio emerge como el activo más decisivo con que Bolivia puede negociar su lugar en el nuevo orden. Hernán Córdova, exministro de Minería y analista de la Fundación Jubileo, advirtió que uno de los mayores riesgos que enfrenta Bolivia en la explotación del litio es la volatilidad de los mercados internacionales del mineral y la posibilidad de que surjan tecnologías alternativas que reduzcan su demanda antes de que el país logre consolidar su capacidad industrial (France 24, 2025). Esta advertencia es particularmente pertinente si se considera que, pese a contratos firmados con empresas rusas y chinas por más de dos mil millones de dólares, la producción industrial a gran escala aún no se ha materializado.
A propósito de ello, el análisis publicado por Visión 360 (2025) planteó que, en los BRICS, Bolivia no jugará un papel relevante y su incorporación apenas modifica su situación internacional; más bien, parece haberse convertido en una presa de las potencias del bloque, tanto por su posición geográfica estratégica como por sus recursos naturales, en particular el litio. Esta lectura, por incómoda que resulte, obliga a distinguir entre la narrativa de la integración soberana y la realidad de un país que ingresa al tablero multipolar en condición de asimetría estructural.
En definitiva, Bolivia llega a la transición del orden mundial con un activo de valor extraordinario —el litio— y con una serie de pasivos igualmente extraordinarios: reservas internacionales históricamente bajas, un modelo energético en declive, fragmentación política interna y una diplomacia carente de estrategia sostenida. La oportunidad existe, pero es estrecha y temporal. Aprovecharla requiere algo más que adhesiones simbólicas a bloques emergentes: demanda una arquitectura institucional capaz de traducir los recursos naturales en soberanía efectiva, en un mundo donde la disputa por las materias primas críticas define, cada vez con mayor nitidez, quienes gobiernan y quiénes son gobernados.
