Además de las informaciones sobre las inundaciones, que ya afectan a más de 14.000 personas, y de las explosiones que se registraron en Oruro, serán las movilizaciones que se organizarán en todo el país sobre el 21 de febrero las que coparán la agenda mediática y la preocupación ciudadana.
No está de más recordar que este 21 de febrero se conmemora el segundo año del referendo constitucional en el que la mayoría de la ciudadanía rechazó modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) que prohíbe taxativamente una nueva postulación de los primeros mandatarios en las elecciones generales de diciembre de 2019.
Desde finales del año pasado y, sobre todo, luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aprobara una cantinflesca e inconstitucional sentencia habilitando a los actuales primeros mandatarios para una nueva postulación, diferentes expresiones ciudadanas, particularmente jóvenes, decidieron impulsar para ese día una masiva movilización nacional, con paro incluido, exigiendo que se respete la voluntad ciudadana y que el Primer Mandatario no vuela a postularse.
Se trata de una legítima actuación pues demanda el cumplimiento de la CPE y del resultado del referendo constitucional.
Sin embargo, obsesionados por su deseo de prorrogarse en el poder, autoridades de gobierno y dirigentes del MAS y de organizaciones sociales que adhieren a este partido han convocado, en una actitud de insana soberbia, a que ese día se proclame la candidatura del Primer Mandatario sobre la base de su principal sostén, los productores de coca del Trópico, han anunciado trasladarse a Cochabamba para ese efecto.
Se trata de una provocación peligrosa, que puede crear escenarios de violencia fratricida, extremo del que deben estar conscientes las autoridades de gobierno. Por ello, es de esperar que las corrientes democráticas que aún sobreviven en el MAS y el gobierno eviten esa provocación que responde a sectores autoritarios que incapaces de generar renovadas propuestas pretenden prorrogarse en el goce del poder a cualquier costo como la violencia y el uso de la figura de Evo Morales Ayma, incluso corriendo el riesgo de deslegitimarla y conducir al desastre su proyecto político.
Ante ese escenario, es pertinente exhortar nuevamente a las autoridades del gobierno, especialmente al Primer Mandatario, cumplir la CPE, retirar su deseo de volver a postularse y, más bien, esforzarse por reconducir la administración del Estado, hoy abandonada por tener como máxima prioridad habilitar una nueva candidatura.
El pueblo boliviano no merece vivir estos momentos de tensión por intereses exclusivamente sectarios y ambición frívola de poder.
