El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, informó este viernes que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, será investigado y procesado por la vía ordinaria por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, dentro del denominado caso maletas.

La autoridad descartó que corresponda un juicio de responsabilidades, al considerar que los hechos investigados no estarían relacionados con el ejercicio de sus funciones como titular del Órgano Judicial.

“Ese es un delito común, no lo ha hecho en el ejercicio de sus funciones como presidente. El narcotráfico y la configuración del crimen organizado implica la comisión de un delito ordinario”, sostuvo Urioste.

Asimismo, señaló que el TSJ deberá evaluar las medidas correspondientes respecto a la continuidad de Saucedo en sus funciones, considerando otras posibles denuncias por cohecho pasivo y activo, además de abandono del cargo, entre otros hechos.

Sobre su paradero, el Fiscal General interino indicó que se investiga si Saucedo salió de Bolivia con destino a Brasil. Precisó que se activaron alertas migratorias y que, una vez que se tramite la declaratoria de rebeldía, se analizarán los mecanismos para solicitar su extradición.

El caso maletas apunta a Saucedo y Mariaca

Las investigaciones dieron un giro luego de que la exdiputada Laura Rojas identificara a Saucedo como el supuesto propietario de las 31 maletas que ingresaron irregularmente al país. La exlegisladora amplió su declaración este viernes ante la Fiscalía de Sustancias Controladas de Santa Cruz, hasta donde fue trasladada desde su domicilio, donde cumple detención domiciliaria, con un chaleco antibalas.

A estas acusaciones se sumó la declaración del exjuez investigado Hebert Zeballos, quien rompió el silencio este jueves y aseguró que el equipaje contenía marihuana. Además, señaló al exfiscal general Roger Mariaca de presuntamente brindar protección para el ingreso y traslado de las maletas.

Las declaraciones se conocieron días después de que la justicia revocara la detención domiciliaria de Zeballos y ordenara su retorno al penal de Palmasola.

El caso también contempla nuevas líneas de investigación, entre ellas posibles responsabilidades de funcionarios de la Aduana, según los antecedentes incorporados al proceso.

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