El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y el exfiscal general, Roger Mariaca, ocupaban altos cargos institucionales y “eran personas que tenían que proteger a la sociedad”, en el marco de las investigaciones sobre redes de corrupción en el sistema judicial.
Durante sus declaraciones, Gálvez aseveró que en el caso particular de Mariaca se ratifica la hipótesis de que, en lugar de resguardar a la población, presuntamente brindaba protección al crimen organizado.
Asimismo, al referirse a la situación de Saucedo —sobre quien pesa una acusación formal del Ministerio Público por supuestos delitos de tráfico de drogas y organización criminal—, la autoridad calificó su sorpresiva salida del país como una “muy mala señal” frente a los requerimientos de la justicia.
Desmontaje de redes de corrupción
El vocero gubernamental sostuvo en Unitel que en el país se ejecuta un “proceso de desmontaje de una estructura de corrupción que daba protección a estructuras criminales” incrustadas en el aparato judicial. En esa línea, remarcó que “la justicia ya no puede ser refugio de redes criminales” y que el objetivo final de las indagaciones es esclarecer el grado de penetración de estos grupos.
Gálvez aclaró que el Poder Ejecutivo no dicta sentencias, “no persigue jueces” ni dirige las pesquisas, porque estas tareas corresponden exclusivamente al Ministerio Público. Al respecto a la postura de interpelación y demandas de presupuesto que Saucedo mantenía hacia el Ejecutivo antes de abandonar el país, la autoridad indicó que ahora esos pronunciamientos se deben interpretar “bajo otra lupa” a la luz de los nexos revelados por la investigación.
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