La autopsia practicada a Olvis Melgar, de 40 años, estableció que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico, registrándose además lesiones en el pulmón y en el hígado. El informe técnico forense determinó la presencia de cinco impactos de arma de fuego y dos golpes contundentes en la cabeza que provocaron fracturas craneales.
El cadáver fue localizado en un camino de tierra del Cordón Ecológico de Santa Cruz de la Sierra, hacia la ribera del río Piraí, en un caso que viene siendo indagado por la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
El suceso cobró trascendencia nacional tras el hallazgo, junto al cuerpo de la víctima, de un mensaje con amenazas dirigido a Peter Maldonado, viceministro de Régimen Interior, Fortalecimiento y Transparencia Policial.
En el escrito se hacía alusión a una presunta deuda y se advertía sobre nuevos ataques mortales. Frente a esto, el Ejecutivo expresó su respaldo a la autoridad y atribuyó las intimidaciones al crimen organizado, aunque la procedencia del mensaje y la identidad de los autores continúan en proceso de investigación.
Frente a los informes de la Policía, los familiares desmintieron las versiones que catalogaban a Melgar como una persona en situación de calle. Su padre, Vicente Melgar, aclaró desde Beni que Olvis residía en Santa Cruz junto a su madre y que ejercía activamente como guardia de seguridad privada.
Asimismo, los allegados señalaron que la víctima habría prestado servicios de seguridad para el propio viceministro Maldonado, solicitando que no se descarte esta relación laboral en las hipótesis del crimen.
Por su parte, Francisca Melgar, tía del fallecido, cuestionó los datos difundidos sobre el hallazgo e insistió en que su sobrino cuidaba su vestimenta y mantenía contacto constante con sus parientes a través de llamadas y redes sociales.
Además, reclamó transparencia sobre el destino y contenido de una mochila de la víctima, al considerar que podría albergar pruebas fundamentales para la investigación. La familia del hombre originario de Guayaramerín pidió la intervención de las máximas autoridades del Gobierno para garantizar un proceso transparente, evitar la impunidad y dar con los responsables hasta las últimas consecuencias.
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