El expresidente Jorge Tuto Quiroga exigió este sábado al mandatario chileno José Antonio Kast que se disculpe y resarza los daños ocasionados a la industria maderera boliviana por la incautación de un cargamento acusado de transportar droga impregnada en la madera.
A través de sus redes sociales, Quiroga cuestionó la denuncia chilena sobre la presunta presencia de más de 100 toneladas de droga en la carga y sostuvo que no existirían fundamentos para mantener esa acusación. Para respaldar su posición, compartió pronunciamientos de representantes europeos que también expresaron preocupación por el caso.
“Presidente José Antonio Kast: exigimos que paren quema de evidencia, se disculpen y paguen resarcimiento, lo que en Bolivia nadie le pidió”, publicó el exmandatario.
Entre los documentos difundidos figura un pronunciamiento del eurodiputado neerlandés Alvaro Sebastian Kruis, quien solicitó a la Comisión Europea abordar el asunto con Chile, debido a que parte de la madera tenía como destino ese continente y las empresas exportadoras bolivianas cumplían estándares de la Unión Europea.
“La lucha contra el tráfico de drogas importa, y Chile tiene todo el derecho a realizar controles. Pero las empresas honestas no deberían ser castigadas”, manifestó Kruis, al cuestionar que las compañías afectadas lleven meses sin poder exportar y que la madera esté siendo destruida antes de que se realicen nuevas pruebas.
En la misma línea, Nils Olaf Petersen, representante de la federación europea de comercio de madera, cuestionó el procedimiento de las autoridades chilenas y planteó que se recurra a un laboratorio internacional para confirmar o descartar la presencia de sustancias ilícitas.
El caso se remonta a mediados de año, cuando Chile incautó el cargamento boliviano bajo la sospecha de que la madera estaba impregnada con droga. Bolivia, por su parte, considera descartada esa posibilidad y dio por cerrado el caso en su territorio.
Pese a los cuestionamientos, las autoridades chilenas comenzaron a quemar la carga. Ante esta situación, los empresarios afectados acudieron a la Justicia para solicitar la suspensión de la destrucción durante al menos 60 días, plazo en el que buscan realizar pericias para esclarecer el caso.
La controversia mantiene en el centro del debate el perjuicio económico a las empresas exportadoras bolivianas y los procedimientos aplicados por Chile para investigar la presunta presencia de droga en la madera.
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