La publicación de uno de los anexos del acuerdo entre el Gobierno boliviano y el Fondo Monetario Internacional (FMI) reabrió el debate sobre el manejo macroeconómico del país. De acuerdo con el economista y exministro de Economía, Ramiro Cavero, los recursos de libre disponibilidad procedentes del organismo multilateral representan una oportunidad, pero advierte que el financiamiento será insuficiente si el Ejecutivo no transparenta la información y aplica reformas estructurales de fondo.

El exministro se refirió por medio de Correo Play a que la documentación difundida por las autoridades gubernamentales es parcial, ya que únicamente corresponde a un anexo y omite el programa integral.

Cavero remarcó que todo acuerdo formal con el FMI debe incluir una carta de Intenciones —firmada conjuntamente por el ministro de Economía y el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB)— acompañada de las proyecciones económicas completas de ingresos y gastos del sector público. En ese sentido, señaló que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no debería aprobar el crédito sin antes exigir la totalidad de los documentos oficiales.

En su lectura existen acciones que el Estado debe tomar y otras que no en el marco de buscar estabilizar al país en materia económica y dar certidumbre a la población.

Lo que el Gobierno NO debe hacer:

• Gastar las divisas únicamente en consumo corriente e importación de carburantes: El economista enfatizó que destinar los fondos del FMI y de otros organismos externos solo a financiar la compra de diésel y gasolina —sin encarar cambios de fondo— repetirá el escenario del gobierno de Luis Arce, que agotó cerca de 500 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) y 22 toneladas de oro sin resolver la escasez de divisas.
• Mantener subsidios generalizados e ineficientes: Consideró insostenible subvencionar combustibles a sectores de altos ingresos o a vehículos particulares de gran cilindrada, lo cual además promueve el contrabando hacia países vecinos.
• Cargar el costo del ajuste en la ciudadanía sin reducir el gasto estatal: Criticó que las medidas adoptadas afecten el bolsillo de la población mientras el aparato público mantiene un elevado nivel de gasto y burocracia, citando como ejemplo a la empresa ENDE, que cuenta con alrededor de 90 directores distribuidos en sus filiales.
• Financiar el déficit con emisión del Banco Central: Señaló que el BCB debe dejar de prestar dinero al Ejecutivo y evitar operaciones perjudiciales, como comprar dólares a precios altos para luego venderlos más baratos, lo que genera pérdidas para el Estado y desconfianza en el tipo de cambio.
• Aplicar un gradualismo extremo: Advirtió que reducir el déficit fiscal de manera demasiado lenta postergará la reactivación económica, proyectando años consecutivos de crecimiento negativo (2026 y 2027).

Lo que el Gobierno debe hacer:

• Canalizar dólares al sistema bancario para devolver la confianza: Los recursos del FMI —sumados a otros posibles créditos— deben ponerse a disposición de los bancos para atender las demandas de los ahorristas y permitir transferencias al exterior sin comisiones exorbitantes.
• Focalizar la subvención en el transporte público y sectores vulnerables: Propuso aplicar subsidios específicos al transporte público mediante controles tecnológicos (chips en buses), protegiendo también las tarifas básicas de electricidad y gas domiciliario para las familias de menor consumo.
• Atraer inversión extranjera directa en sectores estratégicos: Ante la falta de capital estatal y las limitaciones del empresariado local, Bolivia requiere capitales internacionales para desarrollar proyectos de gran escala en minería, hidrocarburos y energías renovables.
• Modificar la Constitución para permitir el arbitraje internacional: Argumentó que la Constitución actual prohíbe el arbitraje internacional, lo que frena las inversiones extranjeras por falta de seguridad jurídica ante riesgos de expropiación o congelamiento de tarifas.
• Optimizar las refinerías e involucrar al sector privado: YPFB debería importar petróleo liviano para aprovechar la capacidad ociosa del 66% en las refinerías nacionales y producir más gasolina, permitiendo que los actores privados asuman la importación y comercialización de diésel a precios reales.

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