La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Chuquisaca (Cainco) expresó su respaldo a CORREO DEL SUR, empresa afiliada a la institución, ante la situación que —según advierte— podría comprometer su continuidad operativa y poner en riesgo las fuentes de trabajo que genera.
“Defender el empleo también es defender a quienes lo generan”, señaló la entidad empresarial al manifestar su posición pública frente al escenario que atraviesa el medio de comunicación.
En un pronunciamiento institucional, la institución afirmó: “Desde Cainco Chuquisaca expresamos nuestro respaldo a CORREO DEL SUR, empresa afiliada a nuestra institución, ante una situación que puede poner en riesgo su continuidad y las fuentes de trabajo que genera”.
La organización empresarial subrayó además la necesidad de equilibrar el cumplimiento de los derechos laborales con la sostenibilidad de las empresas. “Los derechos laborales deben respetarse y cumplirse, pero también debemos promover diálogo, conciliación y acuerdos razonables que permitan atender las obligaciones sin llevar a una empresa al cierre o comprometer su sostenibilidad”, sostiene el comunicado.
En esa línea, la institución llamó a una revisión del marco normativo laboral en el país. “Bolivia necesita una normativa laboral más equilibrada, capaz de proteger al trabajador y, al mismo tiempo, preservar a las empresas que generan empleo, inversión y oportunidades. Apostar por nuestra gente también significa cuidar nuestras empresas y las fuentes de trabajo que sostienen a tantas familias de Chuquisaca”, enfatizó.
El pronunciamiento se da en un contexto en el que el Sistema Multimedia de CORREO DEL SUR, junto al respaldo de la Federación Departamental de la Prensa de Chuquisaca y el Sindicato de Trabajadores del periódico, alertó públicamente sobre una situación que consideran de alta gravedad para su operación.
Según ese posicionamiento institucional, la aplicación de mecanismos de coerción laboral estaría generando una presión extrema sobre la empresa, al punto de amenazar con la paralización de sus actividades, tras la emisión de un mandamiento de apremio contra sus principales ejecutivos.
El caso se enmarca en la ejecución del primero de cinco procesos laborales iniciados hace seis años por un grupo de exfuncionarios, cuyas demandas económicas habrían sido inicialmente planteadas con incrementos significativos respecto a las obligaciones originales. De acuerdo con la versión de la empresa, las instancias judiciales habrían ido reduciendo de manera sustancial dichas pretensiones en distintas etapas del proceso.
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