El expresidente Carlos Mesa afirmó que el presidente Rodrigo Paz debería impulsar una alianza de gobierno basada en un proyecto nacional de largo plazo, en lugar de limitarse a la búsqueda de una mayoría parlamentaria para sostener la gobernabilidad.

En entrevista con el programa Brújula Streaming, Mesa remarcó que los pactos políticos forman parte del funcionamiento democrático y rechazó que términos como “pacto”, “acuerdo” o “negociación” sean considerados negativos. “Pacto, negociación, acuerdo son palabras claves que explican lo democrático”, afirmó.

Asimismo, precisó que el mandatario no requiere necesariamente una megacoalición, sino un acuerdo con objetivos claros. “El presidente Rodrigo Paz no necesita una megacoalición per se (…) Se trata de decir: ‘voy a armar un pacto nacional porque quiero que el país entre hoy y el 2030 tenga ciertos elementos’”, sostuvo.

El análisis se da en un contexto en el que el Gobierno aún no ha consolidado una alianza formal. Si bien en el Legislativo se han articulado respaldos de facto, estos no han sido oficializados. En los últimos días, Samuel Doria Medina, líder de la Alianza Unidad, anunció el retiro de su apoyo al Ejecutivo, argumentando presuntos hechos de corrupción y falta de decisiones.

Mesa también hizo una revisión de antecedentes históricos, señalando que en Bolivia hubo acuerdos que contribuyeron a objetivos nacionales y otros que respondieron a coyunturas políticas. Como ejemplo positivo, mencionó el Pacto por la Democracia entre Víctor Paz Estenssoro y Hugo Banzer, el cual —según indicó— permitió consolidar reformas económicas tras el Decreto 21060 y enfrentar la hiperinflación.

En contraste, calificó como “pactos de desesperación” a la denominada megacoalición de finales de los años 90 y su ampliación en 2003, al considerar que buscaron prolongar la permanencia de un gobierno en medio de una crisis política.

En ese marco, insistió en que una alianza solo tendría sentido si está orientada a impulsar reformas estructurales hasta 2030, incluyendo seguridad jurídica, medidas económicas para la estabilización del dólar y políticas que incentiven la inversión, especialmente en el sector de hidrocarburos.

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