El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció este domingo que las investigaciones por los bloqueos de carreteras registrados durante más de 50 días continuarán hasta identificar a todos los responsables, incluyendo al expresidente Evo Morales.

“Sí, vamos a seguir investigando y dando con los culpables de estos delitos, incluyendo Morales. O sea, todos los que tienen que rendir cuentas a la justicia tienen que estar sin excepción alguna”, afirmó la autoridad, un día después de la aprehensión del dirigente campesino Vicente Salazar en la ciudad de El Alto.

Oviedo también instó al exmandatario a presentarse ante la justicia y dejar de permanecer en la localidad de Lauca Ñ, en el Chapare, donde —según indicó— se encuentra “autoexiliado” para evitar procesos judiciales. “Esperemos que el señor Morales no se siga ocultando. Esperemos que dé la cara”, señaló, al mencionar además otro proceso en su contra.

La autoridad sostuvo que Morales debe responder por su presunta vinculación con las protestas que, si bien inicialmente fueron impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), derivaron en la exigencia de la renuncia del presidente Rodrigo Paz, sumando el respaldo de sectores del Trópico de Cochabamba.

“Tiene que rendir cuentas de lo que ha sucedido en los 50 días (…) incluso lo que llamó al derrocamiento del presidente Paz Pereira (…) fue un golpe de Estado fallido”, sostuvo.

En relación con la aprehensión de Salazar, el ministro explicó que fue resultado de un proceso de investigación que incluyó la recolección de pruebas y la identificación de su paradero. El dirigente fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde optó por acogerse a su derecho al silencio.

Salazar es investigado por presuntos delitos de “instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos”.

El ministro afirmó que durante los bloqueos se registraron hechos que dejaron “daños gigantescos” a la economía, además de pérdidas humanas, personas heridas y una crisis sanitaria en varias regiones. Indicó que incluso se reportó el uso de explosivos y la existencia de financiamiento detrás de las movilizaciones.

“Durante 50 días se han generado daños gigantescos a la economía del país (…) hay gente involucrada con actos de terrorismo (…) esta gente tiene que ir a la justicia”, manifestó.

Asimismo, señaló que 55 efectivos policiales resultaron heridos durante los conflictos, algunos con lesiones graves, mientras que también se reportaron víctimas fatales entre la población civil.

Oviedo enfatizó que el objetivo del Gobierno es que “haya justicia, no que haya venganza”, y aseguró que las acciones se desarrollan en el marco del respeto a la institucionalidad y sin criminalizar la protesta social, aunque remarcó que los delitos cometidos deben ser sancionados.

Finalmente, se refirió a la postura de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, que se declaró en emergencia tras la detención de Salazar, señalando que el Gobierno busca establecer su grado de responsabilidad en los hechos investigados.

“Es delito de lesa humanidad (…) no dejar pasar ayuda médica, oxígeno ni alimentos (…) esto no se tiene que volver a repetir”, concluyó la autoridad, advirtiendo que se hará cumplir la ley frente a cualquier nueva medida de presión.

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