El ciudadano argentino Jorge Néstor Noya fue imputado por el Ministerio Público en Bolivia, sindicado por la presunta comisión de los delitos de biocidio y destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, dentro de una investigación por la supuesta muerte de cinco ejemplares de jaguar en una práctica de caza en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, una de las regiones con mayor biodiversidad del país.
La acción penal se originó a partir de una denuncia presentada por el defensor ambiental Marco Uzquiano Howard, a la que posteriormente se adhirió la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez.
El 30 de septiembre de 2023, cinco jaguares del área protegida San Matías, en Santa Cruz, fueron víctimas de una caza furtiva promovida por el club Caza & Zafari Argentina.
La denuncia proviene de diciembre de 2024 y la imputación se dio luego de más de un año y medio, en un contexto de mayor protección jurídica para el jaguar, después de que el Tribunal Agroambiental emitiera una resolución considerada histórica para la conservación de esta especie. Por primera vez, en marzo de 2025, la máxima instancia de esa jurisdicción admitió una Acción Ambiental Directa de Medida Cautelar Preventiva destinada a proteger al jaguar (Panthera onca) y su hábitat, estableciendo 12 medidas orientadas a su preservación y recuperación.
