El Ministerio Público presentó una imputación formal contra el ciudadano argentino Jorge Néstor Noya por los presuntos delitos de biocidio y destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, en el marco de una investigación por la supuesta muerte de al menos cinco ejemplares de jaguar en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, una de las regiones con mayor biodiversidad de Bolivia.
La acción penal se originó a partir de una denuncia presentada por Marco Uzquiano Howard, a la que posteriormente se adhirió la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez.
La imputación se produce en un contexto de mayor protección jurídica para el jaguar, luego de que el Tribunal Agroambiental emitiera una resolución considerada histórica para la conservación de esta especie. Por primera vez, la máxima instancia de esa jurisdicción admitió una Acción Ambiental Directa de Medida Cautelar Preventiva destinada a proteger al jaguar (Panthera onca) y su hábitat, estableciendo 12 medidas orientadas a su preservación y recuperación.
De acuerdo con información difundida por la Presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, entre las disposiciones adoptadas figura la elaboración de un Plan Nacional para la protección del jaguar, el fortalecimiento de las políticas de lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre, la continuidad de acciones de resguardo ambiental en zonas críticas y la incorporación de contenidos relacionados con biodiversidad y cambio climático en el sistema educativo.
La resolución también sentó un precedente en favor de los defensores ambientales y de derechos humanos, al reconocer los riesgos que enfrentan quienes denuncian delitos vinculados al tráfico ilegal de vida silvestre y otras actividades que afectan al patrimonio natural.
Desde distintos sectores consideran que la imputación por el caso de los jaguares en San Matías refleja los primeros resultados concretos de las acciones impulsadas desde la justicia ambiental y las instancias legislativas para combatir los delitos contra la fauna silvestre y fortalecer la conservación de especies amenazadas.
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