La Defensoría del Pueblo remitió una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que expone una serie de vulneraciones a los derechos humanos registradas en el contexto de los bloqueos de carreteras, los cuales —según advierte— han derivado en una crisis humanitaria interna.
De acuerdo con el documento, fechado el 14 de junio, la prolongación de estas medidas de presión por más de 40 días ha generado un impacto que trasciende la protesta social. “Los bloqueos, al prolongarse más de 40 días, han pasado de ser una forma de protesta a convertirse en un factor de crisis humanitaria”, señala el reporte.
La institución defensorial enfatiza que esta situación afecta a más de cinco mil transportistas que permanecen varados en distintas rutas del país, quienes enfrentan la vulneración de derechos esenciales como la vida, la salud, la alimentación, el acceso al agua, la libre circulación y el trabajo.
Asimismo, el informe identifica como causa principal del problema la falta de medidas estatales oportunas para proteger a terceros afectados por las protestas. En esa línea, advierte que existe una afectación desproporcionada derivada de los bloqueos.
“El Estado boliviano tiene la obligación inmediata de establecer mecanismos de diálogo que reduzcan el impacto desproporcionado de la protesta sobre terceros”, agrega el documento.
La Defensoría también alerta que la crisis se agrava por la ausencia de acciones concretas, como la habilitación de pasos humanitarios, la provisión de alimentos y la atención médica para las personas afectadas.
Ante este panorama, solicitó a la CIDH enviar una comunicación oficial al Estado boliviano para instar a la adopción de medidas urgentes, entre ellas garantizar asistencia médica y alimentaria, habilitar corredores humanitarios y promover mecanismos de diálogo con los sectores movilizados, con el fin de frenar las vulneraciones a los derechos de los transportistas retenidos en las carreteras.
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