Bolivia registró 1.561 hechos de conflictividad social entre enero de 2024 y marzo de 2026, periodo en el que el bloqueo de carreteras se consolidó como principal medida de presión –15 cortes de ruta por mes–, según datos del Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana (Simat) de la Defensoría del Pueblo.

Los registros de la entidad consignan 406 bloqueos en los 27 meses analizados –el 26% del total de conflictos–, por encima de los estados de emergencia declarados por distintos sectores (312 eventos, 20%) y de las marchas (291, 18,6%). El paro registró 143 casos (9,2%), los enfrentamientos 114 (7,3%) y las tomas de instituciones 82 (5,3%).

En 2024, bloqueo y marcha aún competían de cerca: 166 frente a 142 eventos, y el bloqueo representaba el 30% de todas las acciones de hecho. La brecha se amplió en 2025, cuando los bloqueos sumaron 173 registros frente a 128 marchas. Ese mismo año los estados de emergencia declarados por distintos sectores sociales alcanzaron 213 eventos y ocuparon el primer lugar entre todas las medidas de presión, con el 25,3% del total anual. 

La tendencia al corte de vías se agudizó en el primer trimestre de 2026: de los 157 conflictos activos registrados en ese periodo, 60 fueron bloqueos, el 38,2% del total y la tasa de concentración más alta en los 27 meses analizados. La marcha cedió posiciones y solo registró 21 eventos (13,4%), mientras el paro ascendió al segundo lugar con 23 registros (14,6%), superando históricamente a la marcha como segunda medida de presión más utilizada.

Por qué se protesta

Las causas son diversas, pero la economía se constituyó como eje articulador en todo el ciclo analizado. En 2024, los conflictos de origen económico encabezaron la tipología con 145 casos (25,7%), seguidos por los laborales con 93 (16,5%) y los de gobernanza con 87 (15,4%). La agenda incluyó también demandas de infraestructura (42 casos), educación y medio ambiente (39 cada uno) y salud (34).

En 2025, la crisis del abastecimiento de combustible y la escasez de divisas devoraron la agenda: los conflictos económicos saltaron a 281 (33,4%), más del doble que cualquier otra categoría. Los laborales –bajo la etiqueta “trabajo y empleo”¬– sumaron 127 casos (15,1%), mientras los político-institucionales registraron 89 (10,5%). Educación (59), obras públicas y servicios (55), seguridad y sistema judicial (41), salud (40) y medio ambiente (39) completaron el mapa de demandas de ese año.