El Gobierno nacional denunció este martes la existencia de una red internacional dedicada al robo, adulteración y comercialización ilegal de combustibles, con operaciones detectadas en al menos tres países.
Las investigaciones apuntan a que el esquema inicia en puertos de Chile y se replicaría en Paraguay y Argentina, configurando un delito de carácter transnacional que afecta directamente a la economía y al abastecimiento nacional.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, explicó que la primera línea de investigación se concentra en territorio chileno, específicamente en los puertos de Arica, Mejillones e Iquique, desde donde se originaría el circuito de irregularidades.
Detalló que el mecanismo consiste en que las cisternas cargadas con combustible realizan paradas en ruta, donde se descarga una parte del producto antes de llegar a Bolivia. Posteriormente, para evitar que se detecte la disminución del volumen, se reemplaza esa cantidad con agua y aceite usado, adulterando así el contenido que finalmente ingresa al país y es distribuido en el mercado interno.
Las autoridades confirmaron que ya se cuenta con placas de camiones y nombres de empresas presuntamente involucradas, pero aún no hay personas aprehendidas.
En otros países
En paralelo, el canciller Fernando Aramayo inició coordinaciones con autoridades de Chile y se prevé replicar estas gestiones con Paraguay y Argentina para ejecutar acciones conjuntas.
“El crimen organizado es de carácter transnacional”, remarcó el Ministro, al anunciar que en el corto plazo se darán a conocer nuevas medidas.
“Recuperar YPFB”
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz fue enfático al señalar que el Estado actuará con firmeza contra los responsables. “Vamos a cobrar a todos los que hicieron daño al país, acabarán en la cárcel y tendrán que devolver lo robado”, afirmó.
Asimismo, el Mandatario aseguró que se trabaja para recuperar y proteger a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), garantizando el abastecimiento interno mientras avanzan las investigaciones. El Gobierno sostiene que este caso forma parte de una lucha más amplia contra la corrupción y el crimen organizado.
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