La denuncia pública se realizó después de un grupo de extrabajadores tomó la planta, como protesta por supuestos despidos masivos, pero cuyos contratos terminaron el 31 de diciembre.

El Gerente del Sedem, Roberto Justiniano, explicó que hubo un manejo irresponsable de recursos provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN), porque tenían como destino exclusivo la construcción e implementación tecnológica de la planta, pero se usaron con otros fines.

Precisó que los recursos de préstamo eran para comprar maquinaria y levantar infraestructura, sin embargo, se usaron para pagar planillas operativas de una planta que aún estaba en construcción.

Según la denuncia, en 2023 se cometieron irregularidades administrativas severas, como la contratación de 80 personas cuando el manual de cargos preveía la contratación de máximo 15.

Además, se pagaron salarios por operar máquinas que todavía estaban en proceso de ensamblaje e instalación.

Asimismo, se utilizó capital de inversión para gasto corriente, acción prohibida por la normativa vigente, según el Sedem.

“No podemos seguir sosteniendo un modelo de financiamiento irregular que consume el capital del Estado antes de producir la primera bolsa de cemento”, aseguró Justiniano.

La entidad estatal anunció que no cederá ante presiones que busquen perpetuar la ilegalidad, por lo que se interpondrán acciones legales contra las exautoridades responsables de las contrataciones fuera de norma.

“El Gobierno está enfocado en trabajar en una fábrica que genere utilidades para Potosí, no una agencia de empleos políticos. La ley se cumple y el patrimonio del Estado se defiende», concluyó el Gerente.

Finalmente, se hizo un llamado a los comunarios y sectores movilizados a deponer actitudes violentas y no dejarse instrumentalizar por quienes malversaron los recursos del país.

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