La reglamentación de la Ley de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos huérfanos víctimas de feminicidio y otros delitos contra la vida registra un avance del 30%, informó Mercedes Cortez, coordinadora nacional de la Fundación Voces Libres, a dos meses de su promulgación.

“Una ley no va a ser aplicable sin una reglamentación. Empezamos a trabajar en ella el año pasado y ya tenemos un avance del 20 al 30%. Es un proceso complejo porque involucra a muchas instituciones y no queremos equivocarnos al asignar facultades a quienes tienen ese mandato por ley”, explicó Cortéz en el programa La Tarde en Directo de ERBOL.

En términos económicos, la aplicación de la ley demandará aproximadamente 3 millones de dólares al año, cifra previa al aumento del salario mínimo y que podría variar ligeramente. Esto representa apenas el 3% del costo anual del Bono Juancito Pinto. 

Detalló que los beneficiarios directos son cerca de 1.700 niños y adolescentes, un número mucho menor que los programas de bonos existentes, lo que haría viable la inversión: “No se podría decir que el Estado no tenga este dinero para priorizar un gasto tan importante y necesario”, afirmó.

Se espera que la reglamentación esté lista en los próximos meses y que a partir de mayo se inicie el registro de beneficiarios y la conformación de los equipos de atención. Cortez aseguró que el objetivo es garantizar transparencia, seguimiento y efectividad en el uso de los recursos destinados a los menores afectados por feminicidios.

En lo que va del 2026, se registraron dos feminicidios cuyas víctimas fueron mujeres de 47 y 30 años. En 2025, la Fiscalía reportó 81 feminicidios. Más allá de las cifras, cada caso deja víctimas directas y secuelas psicológicas profundas en los niños y adolescentes que quedan en la orfandad.

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