En una jornada marcada por la incertidumbre y la especulación, con mercados abarrotados de ciudadanos que intentaban frenéticamente abastecerse a precios del día anterior y un transporte público que elevó sus tarifas de manera arbitraria, el gobierno de Rodrigo Paz ratificó este jueves la plena vigencia del Decreto Supremo 5503. Pese al caos evidenciado en las calles y al rechazo de distintos sectores sociales, el Ejecutivo sentenció que la eliminación de la subvención a los carburantes “no es negociable”, aunque abrió las puertas al diálogo para explicar los fundamentos técnicos de la norma.

El día después del anuncio presidencial mostró un escenario de tensión y polarización. Mientras sectores como el transporte, la Central Obrera Boliviana (COB), el magisterio urbano, mineros cooperativistas y soyeros anunciaron movilizaciones, el sector privado y el agro de Santa Cruz, entre otros, manifestaron su apoyo a las nuevas medidas, aunque con ciertas observaciones. En este contexto, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo,  y otros miembros del gabinete de Paz se vieron obligados a salir al frente para contener el malestar social y aclarar la postura oficial ante la presión de los distintos gremios.

“El decreto no es un capricho, es el resultado de un estudio técnico que hace viable a nuestro país. Para eso ha sido electo el Gobierno, para gobernar y tomar decisiones, por difíciles que éstas sean”, explicó Lupo. El Ministro, en ese sentido, descartó revisar la medida, argumentando que mantener el esquema anterior implica perpetuar un déficit insostenible que derivaría en una crisis mayor.

Más temprano, el gabinete económico defendió la urgencia de la reforma ante una economía que describieron como “absolutamente destruida”. El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, calificó la subvención como “una enfermedad” y detalló que el Estado proyectaba gastar 3.500 millones de dólares en 2026 para cubrirla, cifra equivalente al 6,4% del Producto Interno Bruto (PIB), algo insostenible, según explicó.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, por su parte, justificó la emisión del decreto ante la urgencia de “sanar una economía absolutamente destruida” por dos décadas de lo que calificó como despilfarro y mala gestión durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Según el  Ministro, el esquema de subvención degeneró en un “punto de corrupción” institucionalizado y en un negocio rentable para pocos, lo que hacía imposible mantener la estabilidad financiera del Estado sin tomar medidas drásticas.

Para sustentar la decisión, Espinoza se apoyó en estas cirfras: aseguró que el 70% de los más de 3.500 millones de dólares destinados al subsidio no beneficiaba a los sectores vulnerables. Desglosó que un 30% de esos recursos era capturado por redes de corrupción y contrabando, mientras que otro 40% terminaba favoreciendo a familias de alto poder adquisitivo que no requerían el apoyo estatal, situación que describió como una corrupción a “escala extraordinariamente grande”.

Conscientes del impacto social de la medida, Espinoza remarcó que el decreto incluye compensaciones para fortalecer el aparato productivo y mitigar el impacto. 

Ante el desorden tarifario y el agio en productos de la canasta básica, Espinoza desafió a los choferes a justificar técnicamente cualquier alza, ya que se redujeron otros costos operativos mediante incentivos tributarios, señaló. 

Finalmente, Medinaceli marcó distancia con el “gasolinazo” de 2010, asegurando que, a diferencia de aquella ocasión, los recursos ahorrados se destinarán ahora a inversión productiva y a fortalecer a las regiones y universidades.

RECHAZO

Desde la cárcel de San Pedro, el expresidente Luis Arce calificó como un “crimen contra el pueblo” la eliminación de la subvención. En una carta manuscrita, denunció la “insensibilidad” del Gobierno por afectar a los más vulnerables en vísperas de fin de año y advirtió que la decisión erosionará la paz social, pudiendo derivar en convulsión. También desestimó el alza salarial, señalando que ignora a la mayoría informal y deja a los trabajadores a merced del empresariado. 

El expresidente Evo Morales tildó de “improvisada” la decisión de Paz y dijo que “sus medidas son una desproporción económica inaceptable” entre los ingresos de la población y incremento de los precios de los combustibles. 

MINEROS

Fencomin rechazó este jueves el Decreto 5503 calificándolo de “gasolinazo” y “atentado al pueblo”. Su líder, Richard Caricari, exigió la derogación inmediata de la norma por falta de consenso. El sector minero se declaró en “máxima alerta”, instruyendo la movilización total de sus bases y convocando a maestros, transportistas y gremiales a sumarse a las protestas para defender la economía de los sectores vulnerables frente a las nuevas medidas del Gobierno.

Maestros urbanos exigen abrogar el Decreto 5503

El magisterio urbano nacional determinó este jueves exigir la inmediata abrogación del Decreto Supremo 5503, norma que calificaron como un “asalto a la economía popular” y de la clase trabajadora. Tras una reunión de emergencia, el ejecutivo del sector, Wilfredo Ajllahuanca, anunció que este viernes la dirigencia nacional y departamental se constituirá en La Paz para formalizar el rechazo.

Los educadores tildaron de “engaño” el incremento del salario mínimo a Bs 3.300, pues advierten una inminente “megainflación” y estanflación para 2026. 

Ajllahuanca afirmó que el Gobierno protege a logias empresariales y descarga la crisis sobre los asalariados. Asimismo, el gremio emplazó a la Central Obrera Boliviana (COB) a recuperar su rol de vanguardia y limpiar su imagen institucional.

Choferes exigen restituir la subvención y en La Paz van al paro

La eliminación de la subvención a los hidrocarburos, oficializada por el gobierno de Rodrigo Paz mediante el Decreto Supremo 5503, desató un rechazo inmediato y contundente en el transporte organizado. Mientras la Federación Departamental de La Paz ratificó un paro movilizado de 24 horas para este viernes, la dirigencia nacional advirtió con iniciar un paro indefinido desde el sábado si no se abroga la norma.

El dirigente del transporte libre paceño, Limbert Tancara, confirmó que la medida de presión y dijo que esta incluirá el cierre de vías tanto en el área urbana como en las 20 provincias del departamento, con más de 40 puntos de bloqueo previstos en la Sede de Gobierno y El Alto. Tancara justificó la protesta al señalar que el decreto generará “hambre y miseria” en la población.

Por su parte, la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, a través de su representante, Víctor Tarqui, otorgó un plazo de 24 horas al Ejecutivo para anular la medida. El sector convocó a un ampliado nacional para este sábado 20 de diciembre en Cochabamba, donde se definirán acciones. “Estamos totalmente molestos, porque es un atentado directo al sector del transporte y a nuestra población”, protestó Tarqui.

Desde Santa Cruz, el dirigente federado Bismark Daza calificó la eliminación abrupta del subsidio como una agresión a la economía del sector. “Así como se hizo, fue un golpe mortal”, aseveró.

En El Alto, entretanto, se registró una de las primeras medidas de protesta contra el fin de la subvenión. En la carretera La Paz-Oruro, un grupo de choferes –distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP)– instalaron un punto de bloqueo a la altura de la planta de YPFB en Senkata. Los transportistas tomaron la ruta con sus camiones para exigir una “nivelación de comisiones” ante la nueva coyuntura económica. La medida de presión, que se mantenía activa hasta tarde de este jueves, obligó a buses interdepartamentales y vehículos particulares a improvisar rutas alternas para sortear el corte de vía y llegar a sus destinos.