La ley promulgada por Luis Arce para la suspensión de ejecución de sentencias por créditos impagos y de diferimiento de pago de créditos continúa vigente, pese a un recurso presentado contra esta norma por el diputado Alejandro Reyes. Sin embargo, la suerte de esta norma puesta en vigencia en el epílogo del anterior gobierno pudo haber sido otra debido a la determinación de dos magistradas prorrogadas del Tribunal Constitucional Plurinacional, que admitieron el pedido del parlamentario.
Lo que ocurre es que el mismo día que decidieron cesar sus funciones, cambiaron de opinión y retiraron la firma a la ley que tiene en vilo al sistema bancario nacional y a los prestatarios afectados por la crisis económica.
El 11 de noviembre de este año, el parlamentario de la alianza Unidad presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta, con la finalidad de que el TCP declare inconstitucional la ley promulgada en los últimos días del gobierno de Arce.
El diputado aseguró que este instrumento “genera impacto inmediato sobre la seguridad jurídica, previsibilidad normativa, estabilidad financiera y sobre el derecho patrimonial de acreedores y depositantes”. Añadió que la impugnada ley “genera efectos materiales gravemente lesivos para el sistema financiero y para la economía nacional”.
El recurso presentado coincidió temporalmente con una cresta de críticas contra los prorrogados del TCP y del Tribunal Supremo de Justicia, que fue creciendo conforme pasaban los días. Incluso, los propios magistrados electos de manera legítima en el proceso de diciembre del 2024 asumieron acciones judiciales para separar a las autoridades que extendieron su mandato.
Sin firmas
La resolución de admisión del recurso presentado por el diputado Reyes no fue firmada por la entonces presidenta de la Comisión de Admisión Paola Prudencio Candia, quien fue elegida como presidenta del TCP, el 25 de noviembre, luego de que la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Potosí determinara la cesación inmediata de los prorrogados. Poco después de este fallo, un juzgado de Santa Cruz determinó la aprehensión de los juristas que habían definido extender su gestión.
Ese mismo 25 de noviembre, los prorrogados emitieron un auto constitucional que determina el fin de sus mandatos al cabo de diez días. Las autoridades en cuestión eran Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Isidora Jiménez, Julia Cornejo y Karem Gallardo. Sin embargo, ahora se conoce que esa misma jornada las dos integrantes de Comisión de Admisión que suspendieron la ley promulgada por Arce cambiaron de decisión y retiraron sus firmas.
Tras argumentar que el accionante no realizó una “exposición clara, bastante y suficiente de la supuesta inconstitucionalidad, la magistrada Gallardo hace conocer su cambio de posición. “Retiro mi firma del proyecto de auto constitucional en cuestión. Por lo que corresponde determinar el rechazo de la acción de inconstitucionalidad abstracta intentada”.
Y según una carta enviada el mismo 25 de noviembre, la entonces magistrada Jiménez Castro informa que “procedo a retirar mi firma del proyecto correspondiente al expediente N° 78821-2025-158-AJA”.
Así, de acuerdo con los documentos a los que accedió el periódico digital Urgente.bo, el recurso presentado por el diputado Reyes aún no fue abordado oficialmente por el TCP, porque la Comisión de Admisión no tomó una posición oficial al respecto.
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