La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) abrió una investigación por el presunto desvío de fondos de la cooperación de la Unión Europea destinados al Gobierno de Bolivia. El caso está ligado a presuntos pagos de coimas de empresas a funcionarios del anterior gobierno para asegurar adjudicaciones de obras.
La investigación se centra en recursos entregados al país para programas de saneamiento y dotación de agua potable en zonas rurales, encargados al entonces Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). Se presume que, parte de esos fondos, fueron desviados mediante contrataciones direccionadas con sobornos al exministro Juan Santos Cruz.
“Es así. La Unión Europea, a través de su instancia investigativa, la OLAF, nos envió una nota desde Bélgica, solicitando información del proceso conocido como ‘coimas millonarias’, en el cual está involucrado el exministro Juan Santos Cruz. La UE financió varios de los proyectos cuyas adjudicaciones fueron direccionadas”, informó a El Deber el abogado Abel Loma, quien defendió a una de las implicadas en el caso.
ORIGEN DEL CASO
Loma asumió la defensa de la denominada “testigo clave” Claudia Cortez, una empresaria que entre 2021 y 2023 declaró haber cobrado coimas del 3% del valor de contratos adjudicados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, bajo el rótulo de “aportes para organizaciones sociales”.
