El exministro de Gobierno Arturo Murillo cumplió su condena y fue trasladado a un centro migratorio en Estados Unidos (EEUU), por lo que su deportación está en manos de un juez de migración, informó el procurador General del Estado, Ricardo Condori.

“El pasado 20 de este mes el señor Murillo ha dejado la penitenciaría donde se encontraba purgando su pena privativa de libertad. En cuyo caso ha sido trasladado de manera preventiva a un centro en el cual se está esperando que el juez competente resuelva el tema de su deportación”, explicó.

Se baraja varios escenarios posibles respecto al destino del exministro, quien cumplió su condena por lavado de dinero y sobornos con dineros de sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos en el gobierno de Jeanine Áñez. Lo más probable es su deportación, considerando los antecedentes judiciales.

Sin embargo, la defensa de Murillo podría plantear dos alternativas: una solicitud de asilo o una petición para ser deportado a un tercer país. En ambos casos, Condori consideró que las probabilidades son bajas.

“En el primer caso, tiene que demostrar todos los antecedentes y requisitos necesarios para que corresponda el respectivo asilo, lo cual no correspondería porque no se trata de una persecución política.

En cuanto a la deportación a un tercer país, eso solo aplicaría si contara con una segunda nacionalidad, y por los antecedentes que estamos verificando, este señor no tendría ninguna otra nacionalidad”, explicó.

Murillo se encuentra en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), a la espera de la asignación de un número de registro para los trámites migratorios. Se prevé que, una vez asignado este número, el juez fijará la fecha de audiencia que definirá su futuro.

“Considerando una vez más los antecedentes, es que, si estamos en el primer escenario de que no exista una solicitud de asilo, de que no existiera ningún obstáculo o alguna observación o en su defecto alguna solicitud por parte del señor Murillo, en máximo unas dos semanas ya debería pisar el suelo boliviano”, señaló Condori.

De apelar a esas estrategias legales, su situación puede resolverse en dos meses o más.

Murillo cuenta con dos sentencias condenatorias, entre ellas de ocho años, justamente, por el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos.

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