En medio de cuestionamientos por supuestos vínculos con autoridades, el Gobierno nacional instruyó investigar la denuncia de acuerdos de arrendamiento perpetuo de tierras firmado por la ficticia nación “Estados Unidos de Kailasa”, informó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores.

“No tenemos una denuncia formal, pero el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía, el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) ya han tomado acciones para que podamos sancionar este delito que se ha cometido”, explicó en contacto con Bolivia Tv.

En los últimos días se conoció que representantes de la ficticia nación Kailasa, de origen indio, se reunieron con líderes de pueblos indígenas del oriente del país para ofrecerles dinero a cambio de arrendamiento perpetuo de territorios bolivianos.

Los artículos 394 y 396 de la Constitución Política establecen que “los extranjeros no pueden adquirir tierras del Estado bajo ningún título”, en tanto “el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva. Esto incluye a las comunidades campesinas, interculturales originarias y al territorio indígena originario campesino”.

Además, según la Ley 1715, los territorios indígenas y propiedades comunitarias son intransferibles. De acuerdo con el Decreto Supremo 29215 no se reconocen contratos de arrendamientos y tierras comunitarias. Y la Ley 477 establece que el tráfico de tierras es delito sancionado con privación de 3 a 8 años.

Según una denuncia revelada por el diario El Deber, algunos dirigentes indígenas firmaron convenios a cambio de dinero. Se trata de acuerdos de "cooperación bilateral" con poblaciones indígenas por 1.000 años, con la promesa de ayudarlos a cambio de territorio.

"Este tipo de contratos o convenios que se hacen de manera oculta, son nulos de pleno derecho (...). Hemos instruido al Viceministerio de Tierras y al INRA que tome acciones inmediatas y se convierta en una tercera parte para sancionar este caso, investigar y sancionar este tipo de delitos que se han cometido”, advirtió Flores.

El pasado viernes, el Gobierno nacional aclaró que Bolivia no mantiene relaciones diplomáticas con la presunta nación “Estados Unidos de Kailasa”, que no es reconocida por la Comunidad Internacional.

Sin embargo, surgieron denuncias de vínculos de altas autoridades con esta nación ficticia, incluso el presidente Luis Arce tuvo un encuentro con sus representantes, en el acto de festejo por el 42 aniversario de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), en septiembre de 2024, en Santa Cruz de la Sierra.

También fue vinculado el vicepresidente David Choquehuanca, incluso en los mercados de carbono. El dirigente takana de la Cidob, Adolfo Chávez, señaló que la autoridad “tiene su propia fundación u ONG, que podría ser la vocera en la venta del carbono, asociado con otra organización extranjera (Leaf Coalition), para que ellos puedan ser los voceros oficiales”, arremetió.

“El nombre del vicepresidente Choquehuanca, o Jilata Choquehuanca, o Gurú Choquehuanca, salta más de una vez en lo que se sospecha sería uno de los objetivos de esta secta (Kailasa) en el mercado de bonos verdes”, publicó en sus redes sociales la diputada de Creemos, María René Álvarez.

La legisladora observa que, pese a negar relaciones con Kailasa, “la imagen del primer mandatario de Bolivia está comprometida”, no solo a nivel nacional, sino internacional.

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